Milei impulsa la creación de un “FBI argentino”: el Gobierno planea una profunda reforma de la Policía Federal Por Redacción del Diario TAPA DEL DÍA El presidente Javier Milei prepara un decreto que reconfigurará por completo la estructura de la Policía Federal Argentina (PFA), con el objetivo de convertirla en una fuerza especializada en delitos complejos al estilo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. El proyecto —al que accedió TAPA DEL DÍA— prevé la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que asumirá la investigación de delitos federales, narcotráfico, crimen organizado y amenazas a la seguridad del Estado. La nueva fuerza también colaborará con la desarticulación de organizaciones criminales y operará bajo un esquema regional con presencia reforzada en el interior del país. Según fuentes oficiales, el decreto ya está redactado pero aún no fue publicado en el Boletín Oficial. "Hace rato que está listo", afirman en la Casa Rosada, aunque evitan confirmar fechas. La iniciativa contempla una reforma integral de la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) y toma como referencia no solo al FBI, sino también a la estructura de la Policía Federal de Brasil. Entre las modificaciones se incluye la posibilidad de declarar en emergencia a la PFA por dos años, lo que habilitaría contrataciones directas bajo el decreto 1023/01. El plan contempla un nuevo esquema de ingreso que priorice a profesionales universitarios ya graduados, así como cambios en el régimen de carrera que permitirán a suboficiales capacitados acceder al escalafón de oficiales sin atravesar el camino tradicional. Además, se implementará un sistema de evaluación de desempeño y seguimiento del personal, respaldado por una base de datos integral. Se prevé que los agentes puedan realizar tareas de prevención en espacios públicos digitales —como redes sociales— sin requerir autorización judicial, y llevar a cabo detenciones sin orden previa en casos con sospecha fundada. “El plazo de demora no puede exceder las diez horas”, indica el borrador. El Gobierno también facultará a la fuerza a requisar vehículos, aeronaves y embarcaciones si se presume la comisión de un delito. En paralelo, se mantendrán las actuales jefaturas de la PFA, a cargo de los comisarios generales Luis Rolle y Mariano Giuffra, y se fortalecerá el rol de las superintendencias y direcciones generales existentes. En cuanto a la distribución territorial, el Ejecutivo proyecta un crecimiento del 10% anual en el número de efectivos en el interior del país. Actualmente, el 70% del personal está concentrado entre CABA y provincia de Buenos Aires. La meta es llegar al 60/40 en 2025 y al 50/50 en 2026. Además del DFI, se creará el Departamento Federal de Coordinación (DFC), que estará a cargo de áreas técnico-administrativas como Recursos Humanos y Comunicaciones. Este nuevo esquema busca mejorar la cooperación con fuerzas provinciales, el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera y otros organismos nacionales. Por último, el plan del Ejecutivo incluye un sistema de supervisión sobre las nuevas Agencias Federales de Investigación, que se ocuparán de delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado. Estas agencias también protegerán objetivos estratégicos del Estado y contarán con equipos de apoyo en investigación forense y pericial. La reforma de Milei apunta a centralizar, profesionalizar y federalizar la inteligencia criminal del país, con un enfoque operativo más ágil y menos burocrático. Aunque el anuncio oficial aún no llegó, el alcance del proyecto anticipa una de las mayores transformaciones en materia de seguridad de las últimas décadas. Más información en www.tapadeldia.com Opinión pública (final razonado) El avance del Gobierno sobre el rediseño de las fuerzas de seguridad plantea interrogantes relevantes sobre el equilibrio entre eficacia operativa y garantías constitucionales. ¿Puede una fuerza con mayor autonomía intervenir sin control judicial sin poner en riesgo los derechos civiles? La sociedad reclama seguridad, pero también transparencia y límites claros. La clave estará en la implementación: si se ejecuta con responsabilidad, esta reforma podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en la Argentina.