TAPA DEL DÍA – www.tapadeldía.com La Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, llevará adelante este lunes la audiencia indagatoria de los dos adultos acusados de haber protagonizado una violenta agresión contra un adolescente de 14 años en el barrio Quinta Mastrángelo. El caso, que quedó expuesto tras la difusión de un video de alto impacto, es investigado como un grave episodio de violencia ejercida contra un menor de edad. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal dará lectura formal a los cargos penales que pesan sobre los imputados. No se descarta que al menos uno de ellos, asistido por su abogado defensor particular, preste declaración y responda las preguntas del fiscal. La investigación se encuentra en una etapa clave, con medidas probatorias ya incorporadas al expediente. El hecho ocurrió el miércoles 7 de enero dentro de una propiedad privada ubicada en el barrio Ex Quinta Mastrángelo. En ese lugar funciona un taller mecánico perteneciente a uno de los acusados, quien actualmente cumple una condena bajo el régimen de arresto domiciliario, controlado mediante una pulsera de geolocalización del Servicio Penitenciario Bonaerense. De acuerdo a la hipótesis que comenzaría a esbozar la defensa, los adultos habrían sorprendido al adolescente dentro del predio y sospecharon que intentaba sustraer herramientas, entre ellas una amoladora. En ese sentido, se mencionó la posible existencia de testigos que aportarían testimonios en respaldo de esa versión. Sin embargo, desde la Fiscalía fueron categóricos: ninguna sospecha, denuncia o presunción habilita el uso de violencia física, y mucho menos cuando la víctima es un menor de edad. Entre las actuaciones incorporadas a la causa figura el informe elaborado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, que permitió reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los principales agresores. El material fue analizado por el fiscal Pertierra y la secretaria de la Fiscalía, Juliana Giusti, quienes evalúan la calificación legal que podría corresponder a la conducta desplegada. El caso tomó estado público tras la publicación inicial del video por parte del Diario LA OPINIÓN en su edición digital, y su posterior viralización en redes sociales. Las imágenes muestran a varios adultos rodeando al adolescente dentro de la propiedad, increpándolo y golpeándolo con un rebenque, un elemento contundente utilizado habitualmente en tareas rurales. Según el informe judicial, en el registro audiovisual se logra individualizar con claridad a los dos hombres que ejercen violencia directa contra el menor. El video se convirtió en una prueba central de la causa, ya que permite observar una agresión sostenida, ejercida en un contexto de marcada desigualdad física y numérica. Uno de los datos más sensibles de la investigación es la situación procesal de uno de los imputados, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario precisamente en el lugar donde ocurrió la agresión. Este hecho podría agravar su situación judicial, ante un eventual incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia. Desde la Fiscalía señalaron que, en una valoración preliminar, la conducta atribuida a los adultos configura un delito, independientemente de cualquier acusación que pudiera recaer sobre el adolescente. La normativa penal vigente y los tratados internacionales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes prohíben de manera expresa todo tipo de agresión física contra menores. El video expone al adolescente en una situación de extrema vulnerabilidad: se encontraba solo, sin adultos que pudieran asistirlo, y fue abordado por hombres que lo superaban ampliamente en fuerza y número. Durante el registro se lo observa sometido a un violento interrogatorio, bajo amenazas y castigos físicos, exigiéndole confesiones sobre supuestos robos y la identificación de presuntos cómplices. En un intento por detener la agresión, el menor señala a otros jóvenes del barrio, lo que para los investigadores evidencia declaraciones obtenidas bajo coerción. La escena refleja una práctica de justicia por mano propia que podría acarrear graves consecuencias penales para sus responsables. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el adolescente ya prestó declaración ni si intervienen organismos de protección de derechos de la niñez. Tampoco trascendió la existencia de denuncias previas vinculadas a los robos que habrían motivado la reacción. En caso de que la imputación avance, el acusado que cumple arresto domiciliario podría perder ese beneficio y ser trasladado a una unidad penitenciaria, si el Juzgado de Garantías considera que hubo un incumplimiento de las condiciones impuestas. Otro de los interrogantes que intenta esclarecer la investigación es quién registró el video y cómo pasó del ámbito privado a una difusión masiva. Lo que comenzó como una supuesta exposición del hartazgo vecinal terminó convirtiéndose en una prueba clave dentro de una causa penal. El episodio generó una profunda conmoción en Pergamino y reabrió un debate sensible: los límites de la reacción social frente a la inseguridad. La causa avanza con una premisa clara para la Justicia: ninguna situación habilita la violencia ni la sustitución del Estado de Derecho por castigos físicos. Opinión pública: este caso vuelve a poner en evidencia una fractura peligrosa: cuando la desconfianza en las instituciones deriva en prácticas violentas, el daño es doble. Se vulneran derechos fundamentales y se erosiona el principio básico de convivencia democrática, donde la ley debe ser siempre el único límite y el único camino. TAPA DEL DÍA – www.tapadeldía.com
