La muerte de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, sigue generando consecuencias dentro del Poder Judicial. En las últimas horas, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que había avalado la restitución del menor a su madre, en una decisión que había sido convalidada por el juez de familia Juan Pablo Pérez, hoy en el centro de las críticas. Intervención y auditoría: el sistema bajo revisión A través de un acuerdo plenario, el máximo tribunal provincial ordenó auditar durante 60 días el funcionamiento del equipo técnico que participó en el expediente. El objetivo es analizar en profundidad cómo actuaron los distintos organismos y profesionales del fuero de familia en un caso que terminó con un desenlace trágico. La medida no se limita a una revisión aislada. La auditoría abarcará a todo el entramado institucional que intervino: juzgados, equipos interdisciplinarios, servicios de protección de derechos y demás áreas vinculadas al seguimiento del niño. El fallo que hoy queda en cuestión Meses antes de la tragedia, el juez Pérez había ordenado la revinculación de Ángel con su madre biológica, Mariela Altamirano, pese a señales de rechazo por parte del menor y advertencias dentro del entorno familiar. Esa decisión permitió que el niño regresara al hogar materno, donde finalmente ocurrió el hecho que hoy se investiga como homicidio. El caso expone con crudeza el peso de las resoluciones judiciales en contextos de conflicto familiar y reabre el debate sobre los criterios utilizados para definir la tenencia de menores en situaciones sensibles. Una muerte bajo sospecha El 5 de abril, Ángel fue encontrado sin signos vitales en la vivienda de su madre y trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. La autopsia preliminar reveló un cuadro de hipertensión endocraneana producto de un edema cerebral generalizado, junto con más de 20 traumatismos en el cráneo, lesiones que los investigadores vinculan a posibles agresiones físicas. En este contexto, la madre del niño y su pareja fueron detenidos y permanecen en prisión preventiva. El padrastro está acusado de homicidio simple, mientras que Altamirano enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y omisión. El rol del STJ y la investigación en curso El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, había anticipado la necesidad de revisar el accionar del sistema. Señaló que, frente a un caso de estas características, resulta imprescindible analizar el desempeño de todos los actores involucrados y no limitarse a responsabilidades individuales. La auditoría incluirá informes semanales elevados al máximo tribunal, con el fin de monitorear el avance de la investigación interna y detectar posibles fallas estructurales en los procedimientos. Un informe escolar que refuerza las dudas En paralelo, se incorporó a la causa un informe del Jardín de Infantes N°413 que podría resultar clave. El documento, elaborado por una docente, describe cambios en el comportamiento del niño en los días previos a su traslado al hogar materno. Según el escrito, Ángel se mostraba angustiado, enojado y alterado ante la inminente mudanza. La maestra detalló episodios de rechazo, cambios de ánimo y una marcada tristeza, contrastando con su conducta habitual, donde se lo describía como un niño afectuoso y feliz en su entorno cotidiano. El informe también destaca el vínculo cercano que mantenía con su padre y su entorno familiar, lo que suma elementos al debate sobre si las advertencias fueron debidamente consideradas por quienes tomaron decisiones en el expediente. Un caso que golpea a la Justicia La intervención del equipo técnico y la revisión integral del sistema evidencian la gravedad institucional del caso. La muerte de Ángel no solo es investigada como un posible crimen, sino también como un episodio que podría exponer fallas profundas en los mecanismos de protección de la infancia. Con la causa penal en pleno avance y la auditoría en marcha, el expediente se encamina a convertirse en un punto de inflexión para el funcionamiento del fuero de familia en Chubut.
