La Cámara Contencioso Administrativa de San Nicolás ratificó un fallo clave a favor de la Municipalidad de Pergamino, al confirmar la legalidad de cesar el pago del sueldo a Silvia Elizabet Tiófalo, delegada gremial de ATE, que mantenía dos cargos públicos incompatibles. La trabajadora cobraba su salario como empleada municipal mientras ejercía simultáneamente como consejera escolar en la Dirección General de Escuelas bonaerense, en una clara violación del artículo 42 inciso 4° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El fallo destaca que “no se trató de un despido ni una sanción disciplinaria”, sino de la interrupción del pago de haberes debido a la incompatibilidad legal de funciones. El tribunal remarcó que la tutela gremial no puede ser usada como escudo para incumplir con las obligaciones del empleo público. Durante el litigio, una medida cautelar obligó al Municipio a seguir abonando el sueldo a Tiófalo pese a no prestar servicios. Este hecho generó una importante erogación de fondos públicos sin contraprestación laboral, situación que ahora podrá ser revertida mediante acciones legales por parte del Estado municipal. La sentencia señala que Tiófalo incumplía con su jornada laboral en el municipio mientras realizaba tareas docentes en el mismo horario, y que la decisión del Ejecutivo local se ajustó al debido proceso administrativo. El tribunal también advirtió que permitir el doble cobro salarial “implicaría una intromisión indebida de la Provincia en las finanzas de los municipios”, y desestimó el argumento de que su rol sindical justificara la irregularidad. Con este fallo, la Justicia establece un precedente fundamental sobre los límites de la protección gremial en el ámbito estatal. Queda claro que la condición de representante sindical no habilita excepciones a las normas constitucionales que rigen la función pública. TAPA DEL DÍA pudo confirmar que el Municipio de Pergamino evalúa ahora iniciar acciones legales para recuperar el dinero pagado de forma indebida, que habría representado una pérdida millonaria para el erario local. “Este tipo de casos exponen una problemática estructural: el uso abusivo de figuras de protección sindical para sostener privilegios personales en el Estado”, expresó una fuente municipal al tanto del expediente. Redacción de Diario TAPA DEL DÍA | Más información en www.tapadeldia.com