El Gobierno nacional avanza con un ambicioso rediseño del sistema de concesión vial que impactará directamente en el Partido de Pergamino. El nuevo esquema, que incluye la política de “bache cero”, prevé la instalación de cabinas de peaje en zonas estratégicas de rutas nacionales y provinciales que atraviesan el distrito. Las nuevas estaciones de peaje estarán ubicadas en Maguire (autopista Pilar – Pergamino), Hugues y Canals (Ruta Nacional 8), y se reactivará el histórico puesto en Peña, sobre la Ruta Nacional Nº 188. Este esquema se enmarca en un proceso de reestructuración que busca transferir a empresas privadas la administración, mantenimiento y explotación de los corredores viales mediante contratos de participación público-privada. A cambio, las compañías estarán obligadas a garantizar rutas sin baches, señalización completa, iluminación y banquinas seguras. Una cláusula clave del nuevo contrato establece que no podrán aumentarse las tarifas si no se cumplen los estándares de calidad. La Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de auditar el cumplimiento de estas condiciones a través de inspecciones técnicas periódicas. Los puntos clave: Maguire, Hugues, Canals y Peña Entre los tramos más relevantes figura la posible instalación de una estación de peaje en Maguire, en la autopista que conecta Pilar con Pergamino. Esta medida podría alterar significativamente el flujo de tránsito entre nuestra ciudad y el centro-oeste de la provincia. Asimismo, el plan contempla casillas de cobro en Hugues y Canals, puntos neurálgicos del eje que conecta Buenos Aires con Córdoba y Santa Fe, zonas clave para el transporte de carga y vehículos particulares. Uno de los aspectos que más polémica ha generado es la reactivación del peaje en Peña, un punto del corredor bioceánico sobre la Ruta Nacional Nº 188 que había sido dado de baja años atrás para aliviar a las poblaciones del interior. Impacto económico y reclamos sociales La reimplementación del cobro ya genera preocupación entre productores agropecuarios, transportistas, comerciantes y vecinos. En zonas rurales o semirrurales, donde las rutas son el único vínculo hacia hospitales, escuelas y mercados, el nuevo esquema podría representar un costo adicional diario. Distintas voces advierten que se deben establecer tarifas diferenciales o excepciones para residentes locales, que hoy usan estas rutas como parte de su vida cotidiana y no como tránsito interurbano. Además, las nuevas licitaciones contemplan que las motocicletas comiencen a pagar peaje, medida que afecta a miles de usuarios que hasta ahora estaban exentos. En este contexto, el debate se reaviva: ¿qué rol debe tener el Estado en la infraestructura vial? ¿Debe priorizarse la eficiencia operativa a costa del bolsillo del usuario? Diario TAPA DEL DÍA Una reflexión final El rediseño vial busca modernizar rutas y reducir accidentes. Pero si el costo lo pagan los vecinos más vulnerables, el objetivo se desvanece. Una infraestructura justa no se mide solo en asfalto, sino también en acceso y equidad.