TAPA DEL DÍA El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales, la empresa estatal que administra cerca de 6.000 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas la Autopista Pilar-Pergamino y la Ruta 188, tramo San Nicolás-Pergamino, incluyendo el controvertido Peaje Larena. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1284/2025, publicada el 1° de septiembre en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley 27.742 (Ley Bases) y los decretos 695/2024 y 97/2025, que regulan el procedimiento de concesión y privatización de la compañía. Un proceso planificado y controlado El plan oficial prevé la extinción de los contratos vigentes por mutuo acuerdo, la concesión de los corredores a operadores privados nacionales e internacionales, y la posterior disolución de la empresa. La Secretaría de Transporte realizará inventarios de bienes, relevamientos sobre el estado de la infraestructura y la rescisión de convenios considerados no prioritarios. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” coordinará el proceso, incluyendo la valuación de flujos futuros de explotación por peaje y la tasación de los activos de Corredores Viales SA. Plazos y licitaciones El procedimiento tendrá un plazo máximo de 12 meses para adjudicar las concesiones y completar la liquidación de la empresa. Todas las etapas del proceso se realizarán mediante la plataforma digital CONTRAT.AR, siguiendo lo estipulado por el Decreto 416/2025. Impacto en la gestión pública y vial La privatización de Corredores Viales se enmarca en una política más amplia de transformación del Estado, que incluye la venta, fusión o disolución de empresas públicas. La medida afectará directamente la gestión de la red vial nacional y permitirá que operadores privados accedan a la explotación de rutas y autopistas mediante concesiones de peaje. Situación financiera de Corredores Viales Al cierre de junio, la empresa empleaba a 3.307 personas y registró un superávit de $5.200 millones durante el primer semestre de 2025, lo que permitió que prescindiera de transferencias del Tesoro. A pesar de su rendimiento positivo, la compañía será disuelta conforme al plan oficial, en línea con los objetivos de reducción del gasto público y reorganización del sector estatal. La opinión pública sobre la medida refleja un debate intenso: mientras sectores económicos celebran la apertura a concesionarios privados y la inversión en infraestructura, organizaciones sociales y gremiales advierten sobre el impacto en los peajes y en los empleos del sector público. TAPA DEL DÍA
