TAPA DEL DÍA - La Casa Rosada confirmó que la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrentará demoras debido a la incautación de documentos esenciales por parte de la Justicia durante los primeros allanamientos en las sedes del organismo. Los expedientes retirados incluyen facturas vinculadas a la compra de medicamentos a diversas droguerías, operaciones que no estaban registradas en portales públicos y carecían de trazabilidad dentro del Ministerio de Salud. Por esta razón, el Ejecutivo analiza distintas alternativas legales para solicitar copias de los documentos incautados. “El Estado no forma parte de la causa. Estamos viendo la figura bajo la cual pedirlo”, indicaron fuentes oficiales. Los equipos técnicos del interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, solicitaron a la Policía de la Ciudad que no retirara más documentación junto con los servidores durante la segunda tanda de allanamientos realizada el viernes. Tras un acuerdo, se estableció que se realizarán copias de los documentos, lo que permitió que los auditores comenzaran a revisar los procesos de compra recién este lunes. Desde la Casa Rosada proyectan que la auditoría durará como máximo seis meses, con resultados estimados para mediados de octubre. Hasta el momento, el gabinete aún no cuenta con detalles sobre los contratos del organismo con la droguería Suizo Argentina, y se sospecha que las adquisiciones pudieron haberse realizado mediante distintos mecanismos de fijación de precios. El Gobierno advierte que existen indicios de sobreprecios en las compras de la ANDIS, aunque niega que haya datos preliminares confirmando un incremento del 27% en productos específicos. “No hay forma de que esos números hayan salido de la auditoría porque todavía no había arrancado”, explicaron desde Nación. La estructura del organismo también está bajo revisión. La ANDIS cuenta con 921 empleados y un presupuesto de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones se destinan a seguridad social, $556.054,96 millones a salud y $5.300 millones a promoción y asistencia. Por el momento, la Casa Rosada no prevé desplazar a ningún funcionario, más allá del extitular Diego Spagnuolo y del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. Cambios adicionales se definirán una vez centralizados los procesos bajo el Ministerio de Salud. Desde el oficialismo explican que el objetivo es que las compras se realicen directamente a los laboratorios para obtener los descuentos que actualmente aplican las droguerías. La auditoría también contempla la revisión de pensiones por invalidez derogadas recientemente, ya que existen indicios de irregularidades en algunos procesos. Según especialistas en administración pública consultados, la demora podría complicar la transparencia de la agencia y generar un impacto político significativo si se confirman sobreprecios o irregularidades en los contratos. TAPA DEL DÍA 
