TAPA DEL DÍA La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe devastador que documenta detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos bajo custodia y persecución sistemática contra opositores en Venezuela durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024. El documento abarca el período comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, y evidencia un patrón sostenido de represión por parte del régimen chavista, afectando particularmente a manifestantes, periodistas y menores de edad. Según la Misión, se trata de la continuación de un plan orientado a suprimir cualquier disidencia política. Entre los hallazgos más alarmantes, se registraron 220 detenciones de menores entre 12 y 17 años, desapariciones forzadas, y la muerte de 25 personas durante el periodo postelectoral, incluyendo dos adolescentes, Isaías Fuenmayor y Ángel Mora. Además, se documentaron graves abusos sexuales y de género en seis estados del país, afectando a mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad. La represión a periodistas también fue significativa: al menos 18 detenciones arbitrarias se registraron entre agosto de 2024 y agosto de 2025, sin órdenes judiciales ni flagrancia. Se contabilizaron 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial contra comunicadores y medios, mientras que 11 periodistas permanecen detenidos por ejercer su labor profesional. El informe provocó una inmediata reacción internacional. La Unión Europea exigió la liberación inmediata de todos los detenidos y la investigación de los responsables de los abusos. España, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Perú se sumaron a las condenas, denunciando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hostigamiento a ONGs y comunicadores. La OEA criticó la falta de transparencia del Consejo Electoral venezolano y la impunidad en las ejecuciones reconocidas por el propio Estado. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó a la comunidad internacional a prestar atención al informe y a implementar medidas para frenar los crímenes documentados. Este informe representa un llamado urgente a la acción internacional y deja en evidencia la persistente violación de derechos humanos en Venezuela, con impactos directos sobre menores, opositores y trabajadores de prensa, marcando un escenario de alerta global. Opinión pública: Expertos en derechos humanos consideran que el informe de la ONU podría aumentar la presión internacional sobre Venezuela y generar sanciones más efectivas, además de fomentar un debate global sobre la protección de disidentes y menores en contextos de represión sistemática. TAPA DEL DÍA
