TAPA DEL DÍA La investigación judicial por la explosión ocurrida el jueves 9 de octubre en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua (ICR) avanzó con un paso decisivo este lunes. En la mañana, la Fiscalía Nº 1 notificó formalmente del procesamiento penal al profesor de Química responsable del proyecto, a la directora del establecimiento y a la inspectora de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep). El fiscal Fernando Pertierra notificó a los tres imputados sobre la apertura del proceso: al docente y a la directora se les imputa estrago culposo, mientras que a la inspectora se le atribuye incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. El acto se realizó en el tercer piso del Ministerio Público Fiscal, y los tres estuvieron acompañados por sus defensores. La explosión se produjo durante la demostración de un volcán en miniatura, donde se utilizó clorato de potasio, una sustancia prohibida para actividades escolares debido a su alto riesgo de combustión y detonación. Según el informe pericial de la brigada de Explosivos de la Policía bonaerense, la manipulación inadecuada del compuesto fue determinante para el accidente, que dejó 19 heridos, incluyendo a la niña Catalina Maglio, de 10 años, actualmente en recuperación en el Hospital de Pediatría Garrahan. El expediente continúa en plena etapa de instrucción. La Fiscalía analiza nuevas medidas de prueba, entre ellas la evaluación médica de los afectados, testimonios de la comunidad educativa y la supervisión institucional de los proyectos presentados en la feria. Una vez concluidas estas actuaciones, el fiscal Pertierra decidirá si eleva la causa a juicio o dispone acciones complementarias. La comunidad educativa y las familias de los lesionados mantienen un contacto estrecho con la Fiscalía, exigiendo que se esclarezcan las circunstancias de la explosión y se determine con precisión la responsabilidad de cada actor involucrado. Este avance judicial marca un momento clave en la causa, que ha generado conmoción en Rancagua y el ámbito educativo. Opinión pública: La resolución genera preocupación y exige una reflexión profunda sobre la seguridad en escuelas y la supervisión de actividades prácticas, reforzando la necesidad de protocolos estrictos en experimentos escolares. TAPA DEL DÍA
