TAPA DEL DÍA – Según los últimos informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. Es una cifra que se mantiene casi sin cambios desde hace más de una década y que, lejos de achicarse, se profundiza entre los sectores de menores ingresos. Lo que para muchos se presenta como un número estadístico, en los barrios se traduce en trayectorias interrumpidas, oportunidades limitadas y un futuro que se construye con más incertidumbre que expectativas. En un centro barrial de Moreno, una sala con computadoras donadas funciona como punto de encuentro para jóvenes que buscan su primera oportunidad. Allí, Joaquín, de 19 años, intenta alternar cursos, empleos temporales y rutinas familiares que cambian semana a semana. Su historia, como la de tantos otros, refleja un fenómeno extendido en casi todas las provincias: jóvenes que entran y salen del sistema educativo, alternan trabajos precarios y no encuentran propuestas de formación que se adapten a sus posibilidades reales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que uno de cada cinco jóvenes de América Latina está fuera del sistema educativo y laboral. La Argentina, sin embargo, supera ese promedio, afectada por la informalidad, la baja productividad y años de estancamiento económico. La desigualdad territorial también pesa: en el NOA y el NEA, la estructura productiva ofrece menos empleos formales y las brechas se vuelven más profundas. El problema empieza mucho antes de los 18 años. Solo uno de cada diez estudiantes finaliza la secundaria a tiempo y con aprendizajes adecuados en lengua y matemática. La falta de conectividad estable en zonas vulnerables —un cuarto de los hogares sin acceso fijo— afecta tanto la continuidad escolar como la posibilidad de buscar oportunidades laborales o formarse en línea. Las mujeres jóvenes son las más afectadas. Investigaciones de CIPPEC muestran que el 67% de quienes no estudian ni trabajan realiza tareas domésticas o de cuidado no remunerado. Es una carga que condiciona cualquier intento de retomar estudios o sostener un empleo estable. La falta de políticas de cuidado vuelve esa brecha aún más amplia. Daniel Martini, presidente de la Cámara Argentina de Formación Profesional, sostiene que el fenómeno debe analizarse dentro de una transformación global del mercado laboral. “Organismos internacionales vienen advirtiendo que es urgente focalizar esfuerzos en la formación de las juventudes para enfrentar las nuevas demandas”, explica. También cuestiona el uso del término “Ni Ni”, por considerar que simplifica un problema estructural y atribuye responsabilidades individuales a contextos atravesados por vulnerabilidades múltiples. Desde CIPPEC, Manuel Mera detalla que tres factores sostienen la cifra del 30%: trayectorias educativas frágiles, déficit de habilidades laborales y desigualdades profundas entre regiones del país. En el NOA y el NEA, dice, la baja productividad impide generar empleos formales suficientes para jóvenes en transición de la escuela al trabajo. Para Roxana Maurizio, del IIEP, el indicador agrupa realidades distintas: jóvenes con trabajos ocasionales, responsabilidades familiares intensas o trayectorias educativas discontinuas. La pandemia profundizó esa fragilidad, no solo por la interrupción escolar sino también por el impacto emocional que dificultó el regreso a las aulas o la continuidad en cursos. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA agrega un dato clave: la Argentina lleva más de tres décadas con niveles de pobreza que no bajan del 25%. Esa persistencia genera exclusiones intergeneracionales que condicionan oportunidades presentes y futuras. Muchos jóvenes crecen en hogares con empleos informales, ingresos inestables y bajo capital educativo; ese entorno limita la continuidad escolar y empuja a trabajos precarios desde edades tempranas. Las consecuencias de esta desinserción juvenil trascienden lo individual. La OIT estima que cada año sin formación o empleo reduce entre un 8% y un 12% el ingreso laboral futuro. La CEPAL advierte que países donde la transición entre escuela y trabajo supera los dos años terminan consolidando mercados más desiguales. En la Argentina, ese primer empleo estable llega —en promedio— recién después de dos años. Frente a ese escenario, el Programa Federal para la Juventud en Habilidades y Competencias 2030 busca articular municipios, instituciones de formación y sectores productivos para ofrecer capacitación gratuita en habilidades digitales, inteligencia artificial y competencias transversales. Su eficacia, según Martini, dependerá del despliegue territorial y de la capacidad de los municipios para llegar a jóvenes que suelen quedar por fuera de cualquier oferta formal. CIPPEC insiste en vincular la formación con sectores productivos concretos y en fortalecer oficinas de empleo municipales como espacios de orientación y coordinación. El IIEP, por su parte, subraya la importancia de modalidades flexibles —educación dual, capacitación modular y formación técnica— que permitan estudiar y trabajar sin que un proceso excluya al otro. La UCA plantea además la necesidad de “espacios puente” donde los jóvenes puedan recuperar hábitos, vínculos y capacidades previas a la formación formal. Allí se combinan actividades recreativas, culturales, tecnológicas y de acompañamiento, junto con becas educativas y transferencias que faciliten sostener trayectorias. Los países de la región que muestran mejores resultados —Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, México— articularon formación técnica, certificaciones modulares y prácticas laborales protegidas. En todos los casos, la clave fue la continuidad y la adaptación real a los tiempos y necesidades de los jóvenes. En el centro barrial de Moreno, donde Joaquín retoma cursos cada vez que puede, la escena se repite una y otra vez: proyectos interrumpidos por cuidados familiares, empleos temporales o traslados demasiado largos. Lo que ocurre allí es un reflejo fiel de los informes nacionales. La fragilidad de estas trayectorias no es individual: es estructural. Opinión pública La persistencia del 30% de jóvenes fuera del estudio y del trabajo no solo revela una deuda social profunda: muestra un país que debe repensar sus prioridades. La ausencia de propuestas flexibles, la falta de acompañamiento temprano y la precariedad del mercado laboral generan un círculo que se repite generación tras generación. Resolverlo no depende de una política aislada, sino de un enfoque integral que coloque a la juventud en el centro del desarrollo nacional. TAPA DEL DÍA / Más información en www.tapadeldia.com.
