El Tribunal Oral en lo Criminal de Pergamino ingresó en una etapa decisiva de uno de los juicios más resonantes del último tiempo en la ciudad. Este viernes, el fiscal Germán Guidi solicitó una pena de 12 años de prisión contra el hombre acusado de participar en un violento robo a un supermercado de origen chino, ocurrido en febrero de 2024 en el barrio José Hernández. La audiencia fue encabezada por el juez Ignacio Uthurry, quien escuchó los alegatos finales de las partes en un clima de máxima tensión procesal. Para la acusación, durante el debate quedó acreditado que Martín Andrés Guibelalde actuó junto a Juan Marcelo Orellana en el asalto al comercio “Thiago”, ubicado en Colodrero al 1000, propiedad de un ciudadano de nacionalidad china. Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, el hecho ocurrió en la mañana del 13 de febrero de 2024, cuando dos individuos ingresaron al local con la intención de llevarse la recaudación. Mientras uno de ellos habría intentado tomar el dinero de la caja, se produjo un forcejeo con el comerciante. En ese contexto, el segundo agresor lo golpeó por la espalda con un elemento metálico, logrando reducirlo. Los atacantes escaparon con una suma cercana a los 200 mil pesos, a bordo de una motocicleta oscura sin plásticos en su parte frontal. Durante su exposición, el fiscal Guidi detalló la evidencia recolectada: registros fílmicos de cámaras de seguridad, testimoniales de la víctima y de los efectivos que intervinieron en la investigación, y el resultado de un allanamiento en una vivienda de la calle Mazzei, donde se secuestraron prendas de vestir y objetos que, según la acusación, coinciden con los utilizados durante el hecho. En ese marco, sostuvo que la prueba reunida supera el umbral de duda y permite afirmar la responsabilidad penal del acusado. La fiscalía encuadró la conducta en la figura de robo agravado, por el uso de un elemento contundente y la participación de más de una persona, y consideró como agravantes la violencia desplegada y los antecedentes de los imputados. En ese sentido, solicitó la imposición de una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo. Desde la defensa, a cargo del abogado Rodrigo Cuellar Aliaga, se reclamó la absolución. Argumentó que las pruebas no alcanzan el nivel de certeza requerido por la ley y que persisten dudas razonables sobre la real participación de su asistido en el hecho. Tras escuchar a ambas partes, el magistrado dio por clausurado el debate oral y anunció que el veredicto se dará a conocer en los próximos días. Este caso vuelve a poner en el centro del debate la importancia de la investigación rigurosa y el funcionamiento del sistema judicial, en un contexto social donde la demanda de respuestas claras y decisiones firmes es cada vez más visible. La sociedad espera ahora un fallo que esté a la altura de ese reclamo. TAPA DEL DÍA
