TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional planea una reforma estructural del Conicet que le permitirá tener mayor injerencia sobre las investigaciones y la distribución de fondos. Según fuentes oficiales, la iniciativa se implementaría mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el corto plazo, buscando reordenar los incentivos de los proyectos científicos. Desde la Casa Rosada detallan que se establecerá un esquema de autonomía regional, centralizando los procesos de investigación en las universidades. La intención es que cada institución defina planes de trabajo en función del interés productivo local, apuntando a sectores estratégicos como minería, energía y salud. “La idea es que cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”, aseguran funcionarios. En Balcarce 50 argumentan que la medida busca modernizar la producción y descentralizar la selección y priorización de líneas investigativas, evitando proyectos que consideran alejados de la realidad productiva de cada provincia. El Conicet cuenta con 26.781 trabajadores, entre investigadores, becarios, técnicos y personal administrativo, y un presupuesto aproximado de $580.000 millones. Su estructura incluye 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 institutos en conjunto con universidades. Actualmente, la conducción está a cargo de un directorio de ocho miembros y un presidente, designado por el Gobierno. Los miembros del directorio surgen de ternas propuestas por investigadores, universidades, organizaciones industriales, agropecuarias y provinciales, con mandatos de cuatro años y renovación parcial cada dos años. Entre los cambios que se buscan implementar, el Ejecutivo analiza modificar el proceso de ingreso de nuevos investigadores, priorizando perfiles técnicos vinculados a la energía, minería y salud, y limitando la incorporación de especialistas en ciencias sociales y humanidades. El borrador del decreto ya fue revisado por equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Secretaría de Legal y Técnica, quedando pendiente la definición de la fecha de promulgación. La decisión política, aseguran, es que la reforma se concrete de manera rápida. La medida generó preocupación entre la comunidad científica, que advierte sobre posibles restricciones a la autonomía académica y el riesgo de que las decisiones políticas influyan directamente en el rumbo de la investigación en el país. Opinión pública: La noticia ha generado debate en redes y medios especializados. Expertos señalan que, si bien la intención de alinear la investigación con necesidades productivas puede potenciar sectores estratégicos, la centralización de decisiones y la exclusión de ciertas áreas del conocimiento podrían afectar la diversidad científica y la independencia académica. TAPA DEL DÍA
