La Justicia federal dio este jueves un paso decisivo en una causa de alto impacto institucional: el juez Lino Marabelli ordenó el congelamiento de todos los bienes del exdiputado nacional José Luis Espert, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y posibles irregularidades patrimoniales. La resolución fue adoptada a partir de un pedido de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, que detectó inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Espert durante su desempeño como funcionario público. El objetivo central de la medida cautelar es preservar el estado registral del patrimonio bajo análisis y evitar cualquier alteración que pueda afectar el curso de la pesquisa. Según consta en la resolución judicial, el congelamiento procura impedir la transferencia, ocultamiento o modificación de bienes que podrían ser relevantes para la causa. En palabras del magistrado, se busca evitar “un perjuicio irreparable al proceso” y garantizar que la investigación avance sin interferencias. La causa intenta establecer si existió un vínculo económico relevante entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente procesado en otra investigación por delitos complejos vinculados al manejo de fondos. Los investigadores analizan presuntos aportes económicos no declarados, además de viajes en un avión privado del empresario y eventuales apoyos a la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019. El expediente tuvo origen en una denuncia presentada por el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois, quien sostuvo que el entonces legislador habría recibido al menos 200 mil dólares por fuera de los canales formales. Esa acusación derivó en el análisis exhaustivo del patrimonio del exdiputado y de su entorno más cercano. En ese contexto, los fiscales advirtieron que Espert habría omitido declarar su participación en la sociedad Varianza S.A., firma en la que también figura su pareja, María Mercedes González. Por ese motivo, la orden judicial de congelamiento de bienes alcanza también a ella. Además, se observaron discrepancias en la valuación de algunos activos consignados en las declaraciones juradas. Desde el entorno judicial señalan que la medida no implica una condena ni adelanta el resultado del proceso, sino que se trata de una herramienta habitual para asegurar la eficacia de la investigación. El expediente continúa en etapa de análisis probatorio y no se descartan nuevas medidas. Opinión pública: en una democracia madura, el control patrimonial de quienes ocuparon cargos públicos no debería leerse como una persecución, sino como una garantía. Medidas como esta, adoptadas con fundamentos y bajo control judicial, refuerzan la confianza en las instituciones y recuerdan que la rendición de cuentas es una obligación permanente, antes, durante y después del ejercicio del poder. TAPA DEL DÍA
