El Gobierno nacional dio este miércoles un paso decisivo en su estrategia de reorganización del sector energético al autorizar el llamado a concurso público, de alcance nacional e internacional, para privatizar la participación que el Estado mantiene en la principal empresa de transporte de energía eléctrica de la Argentina. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 2090 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y habilita la venta de las acciones que Energía Argentina S.A. (Enarsa) posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad controlante de Transener. Según estimaciones oficiales basadas en el valor de mercado de la transportadora, la operación podría representar para el Estado una recaudación cercana a los 200 millones de dólares. El proceso se inscribe en el plan del Ejecutivo para transferir a manos privadas los activos energéticos que actualmente administra Enarsa. De acuerdo con el cronograma fijado, los interesados en adquirir las acciones tendrán plazo hasta el 23 de marzo de 2026 para presentar sus ofertas a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR. En tanto, el período para realizar consultas sobre el pliego se extenderá hasta el 13 de marzo del mismo año. Citelec controla el 52,65% del capital accionario de Transener, participación que incluye la totalidad de las acciones clase A, equivalentes al 51%, y un 1,65% adicional correspondiente a acciones clase B. Se trata de un paquete accionario clave, ya que otorga el control de la compañía. Transener cumple un rol estratégico en el sistema energético nacional. Tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de aproximadamente 15.000 kilómetros de líneas de extra alta tensión de 500 kilovoltios, que conforman la red troncal del país. Además, opera de manera directa el 85% del sistema de transporte eléctrico y supervisa el 15% restante. La empresa Energía Argentina S.A. fue creada por la Ley 25.943 con el objetivo de desarrollar actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como al transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de energía y sus derivados. Con esta decisión, el Gobierno profundiza el proceso de reducción de su participación directa en áreas consideradas estratégicas durante las últimas décadas. La iniciativa se conoce pocos días después de otro movimiento relevante en el sector. A comienzos de esta semana, el Ejecutivo firmó los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, operación que totalizó una recaudación de 706,8 millones de dólares. Los acuerdos alcanzaron a los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ubicados sobre los ríos Limay y Neuquén. Con la firma de los contratos, se habilitó el inicio inmediato de la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias. Desde la Secretaría de Energía señalaron que el monto obtenido por las represas “representa una valorización significativa” de los activos y refleja “el interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”. Una lectura similar realiza el mercado sobre el proceso que ahora se abre con Transener. TAPA DEL DÍA  La privatización de la empresa que administra la red de transporte eléctrico no solo tiene impacto fiscal. También abre un debate de fondo sobre el rol del Estado en la infraestructura energética y sobre cómo garantizar inversiones sostenidas en un sistema clave para la producción y el consumo en todo el país. Opinión pública: el desafío que se abre a partir de esta medida no pasa únicamente por el precio que se obtenga en la venta. El verdadero test será lograr que la transición hacia operadores privados se traduzca en mayor eficiencia, inversiones concretas y un servicio confiable, sin que el peso de los cambios recaiga sobre los usuarios. Ese equilibrio será observado de cerca, porque de él depende una parte central del funcionamiento de la economía argentina. TAPA DEL DÍA
