TAPA DEL DÍA La ciudad de Pergamino fue escenario de un contundente avance contra el delito informático tras una investigación exprés que permitió desarticular una estafa millonaria basada en la suplantación de identidad. En el marco de varios allanamientos de urgencia, la Justicia logró recuperar casi la totalidad de los materiales adquiridos de manera fraudulenta, valuados en alrededor de cinco millones de pesos. La causa se inició a partir de la denuncia de un reconocido empresario local, quien advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización para realizar compras de materiales de construcción en distintos corralones de la ciudad. Los pedidos, realizados a su nombre y aprovechando su trayectoria comercial, alcanzaban montos elevados y generaron un perjuicio económico significativo. Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que los bienes fueran rápidamente redistribuidos, el Ministerio Público Fiscal activó un protocolo de actuación urgente. La investigación quedó a cargo del Departamento de Cibercrimen, conducido por José María Cifuentes, que en tiempo récord logró reconstruir el circuito digital utilizado para concretar la maniobra. Con los elementos reunidos, el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Fiscalía N.º 3, ordenó allanamientos por peligro en la demora en distintos puntos de Pergamino. Los procedimientos se llevaron a cabo en varios barrios y contaron con la participación del Comando de Patrullas, efectivos de la Comisaría Segunda y agentes de la Patrulla Urbana Municipal. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron casi la totalidad de los materiales adquiridos de manera fraudulenta, además de teléfonos celulares y documentación que serán sometidos a pericias informáticas. Asimismo, se procedió a la aprehensión de dos personas presuntamente involucradas, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Según se informó oficialmente, los implicados serán trasladados a la sede del Ministerio Público Fiscal de Pergamino para prestar declaración. La causa fue caratulada, en principio, como Defraudación Informática y Encubrimiento, delitos que prevén sanciones relevantes en función del perjuicio económico y del grado de organización detectado. Desde la Fiscalía no descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el análisis del material secuestrado, con el objetivo de determinar si existen otros involucrados o maniobras similares vinculadas al mismo entramado digital. Opinión pública: el caso vuelve a poner en evidencia que el fraude digital ya no es un delito lejano ni abstracto, sino una amenaza concreta para el comercio local. La rápida respuesta judicial demuestra que, con coordinación y especialización, es posible dar golpes certeros que protejan la confianza y la actividad económica. TAPA DEL DÍA
