TAPA DEL DÍA - www.tapadeldia.com El Gobierno de Javier Milei trabaja para blindar en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25, que reformó el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), mientras la oposición presiona para conformar las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo y frenar la medida. El decreto, publicado el último día hábil de 2025, introduce cambios significativos en la Ley de Inteligencia Nacional: redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevas áreas de coordinación interinstitucional y establece un marco más detallado para la producción de inteligencia estratégica del Estado. Entre los puntos más cuestionados figura la facultad del personal de Inteligencia para ejecutar aprehensiones en casos específicos, lo que generó un fuerte rechazo de los bloques opositores. Desde la oposición sostienen que la medida carece de "necesidad y urgencia" y presentaron recursos judiciales para suspender su aplicación. Además, solicitaron formalmente a los titulares del Congreso, Martín Menem y Victoria Villarruel, la conformación de las bicamerales que controlan la actividad de los organismos de inteligencia y la validez de los DNU. La primera tiene 14 miembros y la segunda 16. Fuentes del oficialismo indicaron que la estrategia pasaría por no conformar las bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios hasta marzo, retrasando así cualquier debate en el recinto. Según la ley, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar el DNU al Congreso, plazo que vence el jueves 15 de enero. A partir de ese momento, deberían correr otros 10 días hábiles para el análisis en la comisión bicameral, que al no estar conformada, podría demorar la discusión hasta finales de enero. La ley establece que para anular un DNU se requiere el rechazo de ambas Cámaras por mayoría simple. Esto permite al Gobierno concentrarse en asegurar el apoyo de una sola Cámara, como ocurrió con el DNU 70/2023 sobre la reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó a tratarse en Diputados por falta de quórum opositor. La oposición, mientras tanto, busca sumar fuerzas para alcanzar el quórum en febrero: a los 93 diputados del peronismo podrían sumarse 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores independientes, totalizando 121, a los que deberán agregarse al menos 8 voluntades más. La posición final de los gobernadores y del radicalismo será clave, mientras que el PRO manifestó su apoyo condicionado a conocer los protocolos de uso y los alcances operativos. El Senado se perfila como un escenario más favorable para el oficialismo, mientras que la oposición tendrá dificultades en Diputados. Además, el Ejecutivo podría no incluir la discusión del DNU en la lista de prioridades de febrero, aunque la oposición sostiene que el control de los DNU es un derecho autónomo e indelegable del Congreso. En resumen, la pulseada parlamentaria por la reforma de la SIDE dependerá del número de voluntades que logre reunir cada bloque, ya que, según la Constitución, el recinto es soberano y tiene la última palabra sobre la interpretación de la ley. Opinión pública: analistas políticos señalan que esta maniobra legislativa evidencia un uso estratégico del DNU por parte del oficialismo, apostando al desgaste del tiempo y la complejidad normativa para consolidar cambios clave en inteligencia, mientras la oposición intenta consolidar un frente que todavía no logra consenso pleno. TAPA DEL DÍA - www.tapadeldia.com
