TAPA DEL DÍA La Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, profundiza la investigación por un grave episodio ocurrido en el barrio Quinta Mastrángelo, donde un adolescente de 14 años fue agredido por vecinos adultos que lo señalaban como presunto autor de robos en una obra en construcción. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal incorporó el sumario elaborado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, en el que se reconstruyen las circunstancias del hecho y se individualiza a las personas que habrían participado de manera directa en la agresión. El caso adquirió notoriedad pública tras la difusión de un video de fuerte impacto que muestra a varios adultos rodeando al menor dentro de una propiedad privada, increpándolo y aplicándole golpes con un rebenque, un elemento utilizado habitualmente en tareas rurales. Las imágenes, que circularon inicialmente en ámbitos cerrados, se expandieron luego por redes sociales y medios digitales. Según consta en el informe elevado a la Fiscalía, el material audiovisual permitió identificar con claridad a dos hombres que aparecen ejerciendo violencia directa sobre el adolescente. Las actuaciones ya se encuentran bajo análisis del fiscal Pertierra y de la secretaria de la Fiscalía, Juliana Giusti, quienes evalúan la calificación legal de los hechos y las responsabilidades individuales. Un dato clave: arresto domiciliario Uno de los elementos más relevantes surgidos de la investigación es que uno de los presuntos agresores se encuentra cumpliendo una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida se estaría ejecutando precisamente en el inmueble donde se produjo la agresión, lo que abre la posibilidad de un agravamiento de su situación procesal por un eventual incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia. Fuentes judiciales señalaron que, en una valoración preliminar, la conducta de los adultos configura un delito con independencia de cualquier sospecha que pudiera recaer sobre el menor. La agresión física de personas mayores de edad contra un niño o adolescente está expresamente prohibida por la legislación penal y por los tratados internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el registro fílmico, el adolescente aparece en una situación de extrema vulnerabilidad: estaba solo, sin la presencia de adultos que pudieran asistirlo, y fue abordado por hombres que lo superaban ampliamente en fuerza y número. Durante el episodio, se lo somete a un interrogatorio bajo presión, con exigencias para que admita supuestos robos de herramientas, cables y materiales de obra, además de reclamarle nombres de presuntos cómplices. Las imágenes también exhiben cómo, ante la continuidad de los golpes y las amenazas, el menor intenta desviar las acusaciones señalando a otros jóvenes del barrio. Para los investigadores, ese comportamiento es indicativo de una declaración obtenida bajo coerción, carente de validez y que agrava la responsabilidad de quienes ejercieron la violencia. Hasta el momento no se informó oficialmente si el adolescente ya prestó declaración ni si intervienen organismos de protección de derechos de la niñez. Tampoco trascendió si existían denuncias previas por los hechos delictivos que habrían motivado la reacción vecinal o si se dio aviso a las autoridades antes del episodio. No obstante, desde el ámbito judicial explicaron que la difusión del video habilita la actuación de oficio del Ministerio Público Fiscal, al tratarse de un hecho que involucra violencia explícita contra un menor de edad. La investigación continuará para establecer el grado de participación de cada involucrado y determinar las imputaciones correspondientes. Podría perder el beneficio En paralelo, el hombre que cumple arresto domiciliario podría enfrentar la revocación del beneficio. Si la Fiscalía avanza con la imputación por el nuevo hecho y el Juzgado de Garantías considera que hubo incumplimiento, se podría ordenar su traslado a una unidad penal para continuar la condena. El interrogante sobre el video Otro aspecto que la causa busca esclarecer es quién registró el video y cómo pasó de un ámbito privado a una difusión masiva. Las primeras hipótesis indican que podría tratarse de alguien cercano a los adultos involucrados, aunque no se descarta que haya sido una persona del entorno del menor. En cualquier caso, la grabación terminó convirtiéndose en una prueba central dentro del proceso penal. El episodio volvió a poner en discusión los límites de la reacción vecinal frente a situaciones de inseguridad y los riesgos de reemplazar los canales institucionales por acciones de castigo directo. Desde la Justicia fueron categóricos: ninguna circunstancia habilita la agresión a un menor ni la sustitución del sistema judicial por la violencia. Opinión pública Este caso interpela a toda la comunidad. La difusión del video expuso un clima de hartazgo social, pero también dejó en evidencia que cuando se cruzan ciertos límites, el daño es doble: para la víctima y para quienes, al margen de la ley, terminan enfrentando consecuencias penales severas. La seguridad no se construye desde la violencia, sino desde instituciones que funcionen y una sociedad que no renuncie a ellas. TAPA DEL DÍA
