La Casa Rosada reanuda la mesa política y acelera acuerdos con gobernadores para blindar la reforma laboral

En pleno enero y lejos de cualquier pausa estival, el Gobierno nacional reactivó la mesa política en la Casa Rosada y profundizó las negociaciones con gobernadores aliados con un objetivo concreto: garantizar que la reforma laboral llegue al recinto en febrero con los votos necesarios. La estrategia combina diálogo político, reactivación de obras públicas clave y la búsqueda de soluciones frente al impacto impositivo que genera la iniciativa.

Si bien en el oficialismo confían en que el proyecto de modernización laboral avanzará sin sobresaltos tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, en el entorno del presidente Javier Milei evitan cualquier margen de error. Por eso, además de escuchar los reclamos provinciales, se analizan alternativas para sostener el respaldo político sin tensionar la relación con los mandatarios dialoguistas.

Santilli, el articulador territorial de la negociación

Uno de los protagonistas centrales de esta etapa es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien no interrumpió su agenda durante el receso y reforzó los contactos cara a cara. Esta semana mantuvo reuniones con los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan, con el doble objetivo de conocer la situación de cada provincia y acercar contrapropuestas en la antesala del debate legislativo.

En ese marco, el Gobierno confirmó la reactivación de obras largamente reclamadas. Nación se hará cargo de la licitación de la Ruta 7, estratégica para la conexión del Mercosur con los puertos del Pacífico y fundamental para Mendoza. Según anticipó Santilli, el proceso licitatorio se pondrá en marcha en febrero y contempla intervenciones en el tramo de alta montaña hacia Chile.

También se reactivará la obra de la doble vía de la Ruta Nacional 40 en San Juan, un proyecto que había quedado frenado al inicio de la gestión de Javier Milei y que ahora vuelve a la agenda oficial en medio de las negociaciones políticas.

Minería, leyes pendientes y expectativa en las provincias

En San Juan, además, el Gobierno provincial sigue de cerca el posible tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa permitiría ampliar inversiones en provincias mineras y actualmente es revisada de manera integral por la Secretaría de Minería antes de su eventual envío al Congreso.

Sin embargo, los gobernadores aliados no solo reclaman obras o cambios normativos, sino que ponen el foco en la sustentabilidad de sus cuentas. Allí aparece el principal punto de tensión de la reforma laboral.

El capítulo impositivo, bajo la lupa de la Casa Rosada

Los mandatarios provinciales observan con atención los artículos vinculados a modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, tributo que se coparticipa en un 60% con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En particular, el artículo 191, que propone una reducción de alícuotas, genera preocupación por una eventual caída en la recaudación.

Según estimaciones provinciales, el impacto podría superar los 8 mil millones de pesos anuales. Frente a este escenario, dentro del Gobierno conviven distintas posturas: desde quienes consideran que no debe haber nuevas concesiones, hasta quienes proponen separar el capítulo impositivo de la reforma laboral para evitar demoras. También se analiza un esquema de compensaciones para amortiguar la pérdida de recursos.

Desde las provincias, en tanto, no descartan una salida política: que en 2026 sea el Estado nacional quien asuma el costo de la rebaja impositiva.

La definición llegará este viernes, cuando se reúna la mesa política en la Casa Rosada. Allí se evaluarán las alternativas para cerrar un texto que conforme a los gobernadores y cuente con el aval final del presidente Milei. A diferencia de otros encuentros, participará el ministro de Economía, Luis Caputo, una señal del peso fiscal de la discusión.

En paralelo, Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, comenzó a coordinar una mesa consultiva integrada por técnicos que trabajará hasta el 26 de enero para pulir el dictamen y ampliar respaldos legislativos.

El cronograma oficial apunta a que la reforma laboral sea aprobada entre el 10 y el 11 de febrero, en lo que el Gobierno considera una de las piezas centrales de su programa de transformación económica.

Opinión pública: La estrategia de combinar diálogo político, obras concretas y flexibilidad técnica revela que el Gobierno comprendió que las reformas estructurales no se imponen solo con convicción, sino también con construcción de consensos. El resultado de esta negociación marcará, en buena medida, la capacidad real del oficialismo para sostener su agenda en un Congreso fragmentado.

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