Las pequeñas y medianas empresas volvieron a manifestar su preocupación por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y reclamaron modificaciones concretas a varios artículos que consideran perjudiciales para el normal funcionamiento del sector productivo. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hablaron de un clima de “animosidad con el sector empresarial” y alertaron sobre posibles efectos negativos en la generación de empleo y la previsibilidad jurídica. El presidente de la CAME, Ricardo Diab, encabezó los planteos y pidió revisar, entre otros puntos, la prohibición de los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, una disposición que —según remarcó— no se aplica con el mismo criterio a las organizaciones sindicales. “Hay una señal explícita hacia un solo sector que trabaja en la representación empresaria”, advirtió. Las advertencias fueron formalizadas en un documento elevado al Senado por representantes de la CAME, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En paralelo, las entidades mantuvieron reuniones con equipos técnicos vinculados a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara Alta, encabezada por Patricia Bullrich. Diab explicó que el sector trabaja en una contrapropuesta que busca preservar el espíritu del proyecto oficial, pero con una redacción alternativa en los artículos cuestionados. “Acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores. Nuestra mayor preocupación es generar certidumbre al momento de desvincular personal”, señaló. Uno de los puntos más sensibles, según el dirigente, es la complejidad en la aplicación del régimen indemnizatorio. “La ley puede ser clara, pero su implementación termina derivando en cifras desproporcionadas. Esa es una de las principales inquietudes que tenemos como pymes”, afirmó en declaraciones radiales. Entre los artículos observados, Diab cuestionó el 128, que elimina los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias mientras mantiene los de los gremios. También criticó el artículo 126, que establece la renegociación de los convenios colectivos una vez vencidos y otorga al Estado un rol decisivo en su homologación. “Si empleador y trabajador llegan a un acuerdo, la intervención estatal no debería ser necesaria”, sostuvo. En la misma línea, advirtió sobre los efectos del artículo 132, que habilita al Estado a suspender convenios colectivos por razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. “Incluso con acuerdos firmes entre las partes, se podrían abrir controversias que afectan la seguridad jurídica”, alertó. Desde el sector pyme también remarcaron que la negociación salarial requiere experiencia técnica, análisis económico y respaldo legal, condiciones que muchas veces no están al alcance de un pequeño empresario enfocado en sostener su actividad diaria. “Delegar estas responsabilidades sin estructura profesional no tiene sentido”, concluyó Diab. Opinión pública: El debate sobre la reforma laboral expone una tensión de fondo entre la necesidad de modernizar el sistema y la obligación de no debilitar a quienes sostienen el empleo formal en la Argentina. Sin previsibilidad y reglas equilibradas, el riesgo no es solo jurídico: es productivo y social. www.tapadeldía.com
