TAPA DEL DÍA La Municipalidad de Pergamino llevó adelante en las últimas horas la destrucción de una importante cantidad de caños de escape decomisados en distintos operativos de control. Se trata de escapes adulterados, conocidos como “escapes libres”, y otros dispositivos que no cumplían con las exigencias reglamentarias vigentes, cuyo uso se encuentra expresamente prohibido en todo el territorio nacional. La medida se enmarca en la aplicación estricta de la normativa de tránsito y seguridad vial, y responde a una política sostenida de control sobre prácticas que generan un impacto directo en la convivencia urbana, la salud pública y el orden en la vía pública. El secretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, explicó que el uso de caños de escape libres está prohibido tanto por la ley nacional y provincial como por las ordenanzas locales. “Cuando un vehículo es retenido en esas condiciones, el caño de escape se decomisa y queda a disposición del Juzgado de Faltas. Desde allí se ordena su destrucción para evitar que vuelva a ser reutilizado”, precisó el funcionario. Asimismo, detalló el procedimiento que deben cumplir los infractores para recuperar sus vehículos. En los casos en que el titular regulariza la situación ante el Tribunal de Faltas, abona la multa correspondiente —incluidos los costos de acarreo y estadía— y presenta la documentación exigida en el área de Tránsito, se le solicita el reemplazo del escape adulterado por el original. Solo una vez verificado el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad, como espejos reglamentarios, sistema de luces y demás requisitos, el vehículo puede ser retirado del depósito. La normativa que respalda estas acciones es clara. La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y su decreto reglamentario 779/95 establecen que todos los vehículos deben contar con un sistema de escape en condiciones reglamentarias, provisto de silenciador y sin producir ruidos excesivos ni emisiones contaminantes por encima de los límites permitidos. Cualquier modificación que altere el sistema original constituye una infracción pasible de sanción. Desde el Municipio subrayan que uno de los principales objetivos de esta prohibición es prevenir la contaminación sonora y ambiental. La alteración del sistema de escape no solo incrementa el nivel de ruido, sino que también puede aumentar la emisión de gases contaminantes, lo que representa un riesgo concreto para la salud de la población. En paralelo, el uso de escapes libres tiene un impacto directo en la seguridad vial. El ruido intenso puede provocar sobresaltos, distracciones y reacciones inesperadas tanto en peatones como en conductores, elevando el riesgo de siniestros. Por ese motivo, estas conductas son consideradas prácticas de conducción peligrosa que atentan contra el orden y la seguridad en el espacio público. La destrucción de los escapes decomisados busca enviar un mensaje claro: no se trata solo de sancionar, sino de impedir que estos elementos vuelvan a circular y generen perjuicios a la comunidad. En una ciudad donde el reclamo por mayor control y convivencia vial es constante, este tipo de decisiones refuerzan la idea de que el cumplimiento de las normas no es una opción, sino una condición básica para vivir mejor. TAPA DEL DÍA
