TAPA DEL DÍA La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC no solo implicó un cambio de nombres. Dejó expuesta una disputa de fondo por la forma en que se miden las principales variables económicas del país y congeló una serie de reformas metodológicas que el organismo tenía previstas para este año. En el centro de la escena quedaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los indicadores salariales y las mediciones vinculadas a vivienda y costos de construcción. Puertas adentro del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la renuncia fue sorpresiva, aunque los roces con la Casa Rosada venían acumulándose. La polémica por el nuevo método para calcular la inflación terminó de detonar un conflicto que volvió a poner bajo la lupa la credibilidad de las estadísticas oficiales, un terreno especialmente sensible para la economía argentina. Según había informado el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un reporte elevado al Congreso, los desarrollos técnicos del nuevo IPC estaban concluidos desde marzo del año pasado. La metodología ya había sido validada a nivel técnico y solo aguardaba la decisión política para su publicación. Incluso, figuraba entre los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ese aval nunca llegó y, finalmente, la difusión del nuevo índice fue postergada. El conflicto no se limitó a la inflación. En diciembre, la Secretaría de Turismo decidió dar de baja un convenio por unos 600 millones de pesos anuales que financiaba el informe de Estadísticas de Turismo Internacional, tras cuestionar la forma en que se medía el gasto de los visitantes extranjeros. La decisión profundizó el malestar interno y alimentó la percepción de un avance político sobre áreas técnicas del organismo. A ese escenario se sumó una tensión creciente por la situación salarial de los trabajadores del INDEC. De acuerdo a fuentes gremiales, los ingresos de los empleados quedaron muy por detrás del avance del costo de vida. Los sueldos de los ingresantes rondan los 700.000 pesos y el promedio del plantel se ubica cerca de 1.300.000 pesos. Desde ATE-INDEC advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo y la persistencia de modalidades laborales precarias colocan al personal en una situación crítica. Con Pedro Lines al frente, el organismo deberá resolver qué ocurrirá con una agenda de cambios que estaba en marcha. El proyecto más relevante es la actualización del IPC, que buscaba adaptar la medición a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, reemplazando una estructura que aún se apoya en patrones de consumo de 2004/2005. El objetivo era reflejar hábitos más actuales y corregir distorsiones acumuladas. En paralelo, estaba prevista la revisión de las canastas que determinan las líneas de pobreza e indigencia, una modificación de alto impacto social que, aunque no tenía fecha definida, formaba parte del plan de trabajo. También se proyectaba una reforma del Índice de Salarios, con nuevos ponderadores actualizados a 2022 y la eliminación del rezago de cinco meses en la medición del empleo informal. Otras iniciativas incluían la reanudación de las estimaciones de productividad con asistencia del Banco Mundial y el BID, el rediseño de la muestra de viviendas urbanas a partir del Censo 2022 y la modernización del sistema informático del Índice del Costo de la Construcción. Todas ellas quedaron ahora a la espera de definiciones políticas. Más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la consistencia del sistema estadístico argentino. Sin indicadores confiables y actualizados, la discusión económica se vuelve más frágil y la confianza pública se resiente. En un país atravesado por la inflación y la pérdida de ingresos, postergar la modernización de las estadísticas no es una decisión neutra: debilita la transparencia y erosiona una herramienta básica para comprender la realidad. TAPA DEL DÍA
