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Régimen Penal Juvenil: Berni rechazó la baja de imputabilidad y advirtió que “el delito no tiene edad”

El exministro bonaerense cuestionó la media sanción en Diputados y calificó la reforma como “arbitraria y sin sustento técnico”. Sostuvo que la solución no es fijar una edad, sino evaluar caso por caso con pericias psiquiátricas y un verdadero esquema de resocialización.

  • 13/02/2026 • 11:26

TAPA DEL DÍA — Más información en www.tapadeldia.com

El debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil sumó una voz de peso en las últimas horas. El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni salió con dureza a cuestionar la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto que fija en 14 años la edad de imputabilidad, y sostuvo que la iniciativa “no resuelve absolutamente nada” y puede incluso agravar el problema.

“El delito no tiene edad”, afirmó el exfuncionario, al tiempo que rechazó el eje central de la reforma. Para Berni, el enfoque correcto no pasa por establecer un límite etario rígido, sino por determinar en cada caso si el menor comprendía la criminalidad del acto que cometió.

Una ley “arbitraria” y sin sustento técnico

Berni fue categórico al cuestionar el criterio utilizado para fijar la edad en 14 años. “Nadie pudo explicar por qué es a los 14 y no a los 13 o a los 15. Es una decisión arbitraria”, planteó, al comparar el debate legislativo con una negociación que termina dividiendo diferencias sin fundamentos técnicos sólidos.

En esa línea, rechazó el eslogan que sostiene que “a delitos de adulto, penas de adulto”. Según explicó, el eje debería estar puesto en la capacidad del menor para comprender la gravedad de sus actos. “Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si entendía la criminalidad del hecho”, sostuvo.

El exministro recordó que, incluso en el régimen penal de adultos, los jueces solicitan estudios para establecer la imputabilidad. “Con los menores debería ser exactamente igual. No se trata de cumpleaños, sino de maduración y contexto”, remarcó.

El caso Kim Gómez y el debate sobre la resocialización

Durante su análisis, Berni evocó el caso de Kim Gómez, ocurrido en La Plata, como ejemplo de las falencias del sistema actual. Señaló que uno de los menores implicados había sido detenido días antes por otro hecho y devuelto a su familia.

A su entender, el problema no radica exclusivamente en la edad de imputabilidad, sino en la ausencia de un esquema serio de resocialización. “Si se baja la edad, es para que el Estado se haga cargo y comience un proceso de reinserción real. Pero esta ley no contempla ni mecanismos claros, ni presupuesto, ni infraestructura adecuada”, advirtió.

También alertó sobre el riesgo de que organizaciones criminales utilicen a menores cada vez más jóvenes para eludir responsabilidades penales. “Si el sistema no está preparado para intervenir con rapidez y eficacia, solo se corre el problema hacia edades más tempranas”, señaló.

Advertencias sobre posibles conflictos legales

Otro de los puntos que marcó Berni es la eventual colisión de la reforma con normativas provinciales y con principios constitucionales. Según su mirada, la forma en que se está avanzando podría abrir la puerta a cuestionamientos judiciales que terminen dilatando su aplicación.

“La condena en nuestro sistema tiene como objetivo la resocialización. Si no damos herramientas concretas para eso, vamos a seguir perdiendo generaciones”, afirmó, al graficar que es más efectivo intervenir tempranamente que intentar corregir situaciones cuando el daño ya está consolidado.

El debate por la baja de la edad de imputabilidad vuelve así al centro de la escena pública, atravesado por posiciones firmes y miradas contrapuestas. La discusión no solo interpela al Congreso, sino también a la capacidad del Estado para ofrecer respuestas estructurales frente a un fenómeno complejo.

En términos de opinión pública, el planteo de Berni introduce un punto sensible: sin inversión, planificación y un sistema especializado para menores, cualquier modificación legal corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico antes que en una solución de fondo. La eficacia de la reforma, en definitiva, dependerá menos de un número y más de la política integral que la acompañe.

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