TAPA DEL DÍA La Justicia federal decidió prorrogar por otros 90 días el congelamiento de los bienes del exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de una investigación judicial que analiza el origen de una transferencia de 200.000 dólares recibida desde el exterior. La decisión fue adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien resolvió extender la denominada “orden de no innovar”, una medida cautelar que impide modificar la situación patrimonial de los involucrados mientras avanza la investigación. La resolución judicial alcanza no solo al patrimonio personal de Espert, sino también a bienes y activos vinculados a su entorno familiar y a diversas sociedades comerciales relacionadas. Entre los afectados por la medida se encuentran su esposa, María Mercedes González, y su hijo, Manuel Iglesias, además de varias empresas asociadas, entre ellas Varianza SA, El Encuentro de Castello SA, Killaco SA y un condominio familiar. De acuerdo con la investigación, el expediente busca determinar las circunstancias en las que el exlegislador recibió una transferencia de 200.000 dólares enviada por Fred Machado, un empresario que fue extraditado a Estados Unidos en una causa vinculada al narcotráfico. En el avance de las actuaciones judiciales también se detectó un movimiento financiero que indicaría que Espert habría retirado alrededor de 80.000 dólares antes de que se dictara la primera restricción judicial sobre sus bienes. La medida inicial había sido solicitada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, luego de identificar la existencia de activos en el exterior que no habrían sido declarados ante las autoridades fiscales. Entre ellos se menciona la cuenta bancaria donde se acreditó el dinero transferido por Machado. Con la prórroga dispuesta por el juez Mirabelli, los bienes y activos involucrados no podrán ser vendidos, transferidos ni modificados durante los próximos tres meses. El objetivo de la medida es preservar el estado patrimonial mientras se determina el origen de los fondos y se avanza en el análisis de la documentación financiera. La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis contable, mientras la Justicia intenta establecer si existieron irregularidades en las operaciones bajo estudio. En términos institucionales, la decisión judicial vuelve a poner en primer plano el debate sobre los controles patrimoniales y la transparencia en la vida pública, un tema que atraviesa a la política argentina y que suele generar fuerte atención social cada vez que involucra a dirigentes de alto perfil. TAPA DEL DÍA
