TAPA DEL DÍA El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino dictó una sentencia condenatoria que unifica diversos expedientes judiciales y dispuso tres años de prisión de cumplimiento efectivo para Rodrigo Alejandro Coronel, de 24 años, tras aceptar su responsabilidad en una serie de delitos cometidos tanto en ámbitos rurales como en el entorno familiar. La resolución fue adoptada por el juez Ignacio Uthurry, quien intervino en la causa a partir de un acuerdo de juicio abreviado celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado. En ese marco, el acusado reconoció su participación en distintos hechos delictivos que incluyeron robos en establecimientos avícolas de la región, episodios de hostigamiento y agresiones hacia su expareja, además de enfrentamientos con efectivos policiales durante procedimientos de detención. Robos en establecimientos rurales La investigación judicial comenzó a consolidarse a fines de 2024 tras una serie de denuncias por sustracciones registradas en predios rurales dedicados a la producción avícola. Uno de los hechos ocurrió en el establecimiento Santa Rosa, perteneciente a la firma Lizman. Según consta en el expediente penal, durante la madrugada del 27 de septiembre de ese año el ahora condenado ingresó al predio tras dañar el perímetro de alambre y sustrajo alrededor de 500 metros de cable trifásico de cuatro filamentos, además de bombas de agua utilizadas en el funcionamiento de las instalaciones. Los testimonios del casero del lugar y del veterinario del establecimiento resultaron determinantes para reconstruir la mecánica del hecho, que incluyó cortes precisos en los tejidos que protegen los galpones de crianza de aves. Meses después, un episodio similar se registró en la granja Santa Mónica, donde fueron sustraídas más de un centenar de gallinas y gallos blancos junto con aproximadamente 600 metros de cableado eléctrico. El perjuicio afectó directamente el sistema de alimentación y funcionamiento de los galpones productivos. La investigación policial logró establecer la vinculación del imputado a partir del análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la Ruta 178. Aunque los dispositivos habían sido desviados parcialmente de su ángulo habitual, las imágenes permitieron advertir la presencia reiterada de un automóvil Fiat Uno blanco con vidrios polarizados en la zona durante el horario en que se produjeron los hechos. Posteriormente, durante un allanamiento realizado en el domicilio del acusado, ubicado sobre calle Román, se logró recuperar parte de los elementos sustraídos, incluyendo gallinas ponedoras que fueron reconocidas por los responsables del establecimiento damnificado. Hostigamiento y agresiones a su expareja Además de los delitos contra la propiedad, la causa judicial incorporó múltiples episodios de violencia y hostigamiento contra la madre de sus tres hijos. De acuerdo con el material probatorio presentado durante la investigación, el 31 de mayo de 2025 el condenado se presentó en el domicilio de la mujer, en la zona de las calles Jáuregui y San José, donde protagonizó un violento episodio tras una discusión. En esa oportunidad dañó la puerta de ingreso a patadas y profirió amenazas de gravedad. Durante el incidente también se llevó una motocicleta Motomel 110 perteneciente a la víctima. Minutos más tarde regresó al lugar a bordo del mismo vehículo, momento en el que fue interceptado por personal policial que acudió tras el llamado de emergencia. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran mensajes enviados por el acusado a la mujer, los cuales fueron valorados por la Justicia como parte de un esquema de hostigamiento psicológico sostenido en el tiempo. Testimonios de vecinos y familiares también describieron situaciones de tensión y miedo dentro del entorno familiar, en particular por la presencia de menores durante algunos de los episodios. Un contexto de violencia reiterada Los informes elaborados por equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal indicaron que la relación de la pareja, que se extendió durante aproximadamente nueve años, estuvo atravesada por episodios de conflicto y situaciones de violencia reiterada. La investigación judicial también registró el incumplimiento de medidas de restricción previamente dictadas por la Justicia para resguardar a la víctima, lo que agravó la situación procesal del acusado. En uno de los episodios posteriores, ocurrido en julio de 2025, el hombre volvió a presentarse en el domicilio de la mujer y protagonizó un nuevo incidente en presencia de integrantes de la familia. Durante ese hecho intervino la hija mayor de la víctima, quien junto a su madre logró evitar que el agresor se llevara pertenencias del lugar. Resistencia a la autoridad La causa también incluyó cargos por resistencia a la autoridad luego de un procedimiento policial realizado en julio de 2025. Según consta en las actuaciones, el imputado reaccionó de manera violenta durante su intento de detención y protagonizó un forcejeo con efectivos que habían acudido al lugar tras un llamado de emergencia. En ese episodio, los agentes policiales intervinientes sufrieron lesiones leves mientras intentaban reducirlo. El fallo judicial Al dictar sentencia, el juez Ignacio Uthurry tuvo en cuenta también un antecedente condenatorio previo del acusado, dictado en marzo de 2024 por el Juzgado Correccional Nº 2, donde se le había impuesto una pena de un año de prisión en suspenso. Finalmente, Rodrigo Alejandro Coronel fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por cometerse en despoblado, violación de domicilio, amenazas, daños, desobediencia y resistencia a la autoridad, todos en concurso real. La condena establecida es de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, con las accesorias legales correspondientes. El fallo representa el cierre de un proceso judicial que reunió múltiples denuncias y episodios ocurridos entre 2024 y 2025, y que afectaron tanto a establecimientos productivos de la región como a integrantes de su propio entorno familiar. Reflexión pública Casos como este vuelven a poner en el centro del debate la importancia de que las denuncias, especialmente aquellas vinculadas a conflictos familiares y violencia persistente, puedan ser investigadas y resueltas con rapidez. La respuesta judicial, además de sancionar conductas delictivas, cumple un rol clave en la protección de las víctimas y en la prevención de nuevas situaciones de riesgo dentro de la comunidad. TAPA DEL DÍA
