El caso de Pablo Grillo: La investigación sobre la represión policial sigue sin juez y con la presión de la sociedad

A dos semanas del ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, la investigación por los hechos ocurridos durante la marcha del 12 de marzo sigue sin avanzar. A pesar de las denuncias, la causa no cuenta aún con un juez asignado, lo que retrasa el proceso y la posibilidad de incorporar nuevos querellantes o recolectar más evidencias cruciales. Mientras tanto, la familia de Grillo y organizaciones de derechos humanos exigen que se tomen medidas inmediatas.

El operativo policial en las puertas del Congreso, en el marco de la protesta de jubilados, gremios e hinchadas, dejó una estela de irregularidades, entre ellas, detenciones arbitrarias, represión y lesiones. El fotógrafo Pablo Grillo fue uno de los afectados, al recibir un golpe de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó gravemente herido. La justicia aún no ha tomado una decisión sobre qué magistrado se hará cargo de la causa, mientras que el caso sigue estancado.

¿Quién será el responsable de la investigación?

El conflicto de competencia entre los jueces María Romilda Servini y Ariel Lijo sigue sin resolverse. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, deberá tomar una decisión sobre cuál de los dos magistrados se encargará de la causa. A pesar de que la familia de Grillo y el CELS ya solicitaron ser aceptados como querellantes, el proceso no avanzará hasta que se resuelva este punto.

La presión sobre el gobierno y las fuerzas de seguridad

Además de la incertidumbre judicial, la familia de Pablo Grillo ha identificado al presunto gendarme responsable de disparar la granada de gas lacrimógeno que lo impactó, el Cabo Guerrero. Exigen que se lo cite a declarar por intento de homicidio. También solicitan que se investigue la responsabilidad de altos funcionarios de seguridad como la ministra Patricia Bullrich y el director de Gendarmería, Claudio Brilloni.

El Congreso se prepara para citar a los responsables

La presión sobre el gobierno de Javier Milei sigue creciendo. En los próximos días, el Congreso interpelará a funcionarios clave del área de seguridad e inteligencia. El senador Martín Lousteau convocó una reunión para resolver la interpelación a Patricia Bullrich y otros altos mandos de la SIDE.

Violencia institucional y el "Protocolo anti-piquetes"

Las denuncias de violencia institucional no cesan. Organizaciones como el CELS señalan que las fuerzas de seguridad emplearon tácticas violentas en múltiples movilizaciones, incluyendo gas pimienta, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias. Además, la resolución 943/23, conocida como el "Protocolo anti-piquetes", ha sido denunciada como inconstitucional, ya que otorga poderes excesivos a las fuerzas de seguridad para criminalizar manifestantes.

¿Qué sigue para la causa?

La investigación sigue en el aire, sin avances significativos en la recolección de pruebas. Con el gobierno y la justicia bajo la lupa, la sociedad espera respuestas y justicia para Pablo Grillo. El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la represión y el abuso de poder en la era de los protocolos de seguridad agresivos.