Redacción de Diario TAPA DEL DÍA - En una jornada inesperada y tensa, una mayoría opositora logró avanzar en la Cámara de Diputados con dos iniciativas que desafían abiertamente al presidente Javier Milei: la prórroga de la moratoria previsional y un aumento del 7,2% en las jubilaciones, acompañado de un bono extraordinario de $110.000. El oficialismo, acorralado, ya anticipó el veto presidencial, en lo que podría convertirse en otro capítulo de alta tensión institucional. La sesión fue impulsada por sectores dialoguistas y opositores duros, entre ellos Unión por la Patria, la Coalición Cívica, bloques provinciales y parte del radicalismo. El resultado dejó expuesto al oficialismo, que no logró bloquear el quórum ni contener el tratamiento de los proyectos. Con 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones, se aprobó la prórroga por dos años de la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta clave para quienes no completaron los 30 años de aportes. Paralelamente, se trató la creación de una prestación proporcional por vejez, que contempla el reconocimiento de aportes parciales entre 10 y 29 años, impulsada por Encuentro Federal con apoyo transversal. “Queremos reconocer el esfuerzo contributivo de las personas que no alcanzaron los 30 años. Proponemos una fórmula que incluya parte de la Prestación Básica Universal más un adicional del 1,5% por año de aporte”, explicó la radical Gabriela Brouwer de Koning. La propuesta fue acompañada por Lisandro Nieri, Soledad Carrizo y Natalia Sarapura, también de la UCR. Entre los aportes clave para alcanzar mayorías estuvieron los votos de los diputados tucumanos Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, del bloque Independencia, y de los salteños Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, todos alineados con sus gobernadores pero desmarcados del oficialismo libertario. Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera defendieron el aumento previsional con la elevación del bono de $70.000 a $110.000. Nicolás Massot aportó las fuentes de financiamiento: eliminación de exenciones fiscales a grandes empresas, nacionalización de fondos de registros automotor y reasignación de partidas destinadas a la Secretaría de Inteligencia. Desde el oficialismo, el diputado libertario Lisandro Almirón advirtió: “Estamos ante un escenario de ataques al equilibrio fiscal. Hay gestiones provinciales que quieren tapar su mala administración con gastos nacionales”. Y recordó que “el presidente ya anticipó su decisión de vetar estas leyes”. El cálculo oficial estima que el impacto fiscal de estas medidas alcanzará el 1,8% del PBI, lo que representa más de 12 mil millones de dólares. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, acusó a la oposición de “esconderse detrás de causas nobles para dinamitar el ajuste fiscal”. A pesar de la tensión, en el recinto también se oyeron voces moderadas como la del radical Lisandro Nieri, quien propuso un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo pueda integrar gradualmente el bono en las jubilaciones. En el mismo sentido se expresó el diputado Juan Brügge, señalando que “el veto es una facultad constitucional, pero también lo es nuestra posibilidad de insistir”. Desde el socialismo, Esteban Paulón afirmó: “El Congreso no puede quedar bloqueado por el miedo al veto presidencial. Esta sesión fue una respuesta a una sociedad que exige representación efectiva”. El recuerdo del veto anterior —a la fórmula de movilidad jubilatoria, en septiembre de 2024— sigue fresco. En aquel momento, Milei calificó de “héroes” a los 87 diputados que sostuvieron su rechazo. Hoy, el escenario se repite, aunque con más tensión política y un Congreso más activo. Desde la redacción de TAPA DEL DÍA, se considera que el nuevo intento de veto podría significar un alto costo político para Javier Milei. Un nuevo rechazo a medidas de amplio consenso parlamentario y fuerte apoyo social profundizaría el aislamiento institucional del oficialismo y lo dejaría en tensión directa con una ciudadanía golpeada por el ajuste.