En medio de tensiones internas y ante el avance de nuevas alianzas políticas, Mauricio Macri decidió prolongar hasta 2026 la intervención formal del PRO en cinco distritos clave: Córdoba, Corrientes, Tucumán, Salta y Tierra del Fuego. La medida busca evitar el colapso organizativo del partido, contener fugas de dirigentes, garantizar el control en la confección de listas y conservar presencia electoral en un año bisagra para la fuerza fundada por el expresidente. La estrategia se enmarca en lo que Macri definió como una serie de "acuerdos con dignidad", orientados a reordenar la estructura partidaria y consolidar alianzas ante el avance territorial de La Libertad Avanza. La decisión, sin embargo, no fue pacífica: generó duros cuestionamientos de referentes internos, especialmente en Córdoba, donde la intervención ya motivó impugnaciones judiciales. Córdoba: una interna feroz y una intervención resistida En la provincia mediterránea, la pulseada es histórica. Años de fracturas, rupturas legislativas y disputas de liderazgo culminaron en una intervención que fue judicialmente validada, pero fuertemente resistida por figuras como Laura Rodríguez Machado y Agustín Agost Carreño. Ambos denunciaron que un sector minoritario, alineado con Soher El Sukaria y respaldado por Macri, buscó la intervención para evitar una derrota interna y “quedarse con la lapicera”. “No había conducción, no había bloque, no había partido”, sostienen desde la mesa nacional. En ese marco, Macri ya teje un posible acuerdo con el radical Rodrigo De Loredo para enfrentar las elecciones de 2025. Corrientes: Macri intervino para evitar la judicialización En Corrientes, el riesgo era otro: el cierre de listas amenazaba con desencadenar una crisis legal. Por eso, Macri viajó a la provincia para mostrarse con el gobernador Gustavo Valdés y respaldar al oficialismo local. El gesto también buscó frenar a sectores del PRO que negociaban por su cuenta con La Libertad Avanza. La banca de la diputada Sofía Branbilla, que votó a favor de la fórmula previsional, es uno de los ejes en juego. Salta y Tierra del Fuego: estructuras vaciadas En ambas provincias, las intervenciones se sostienen por la falta de conducción activa y órganos partidarios. Referentes como José Gauffin en Salta abandonaron el PRO por el desgaste de una intervención que lleva más de cuatro años. Mientras tanto, desde Buenos Aires intentan reconstruir con dirigentes de bajo perfil y contactos con la militancia local. Tucumán: sin estructura y con tensiones por las alianzas En Tucumán, el PRO carece de fuerza propia y en 2023 se apoyó en la candidatura radical de Roberto Sánchez. Ahora, muchos dirigentes evalúan aliarse con LLA, cansados de compartir boleta con sectores de la UCR con los que mantienen un fuerte enfrentamiento político. El interventor designado, Alejandro Finocchiaro, tiene el desafío de recomponer un espacio partido y sin representación real. A nivel nacional, la conducción del PRO enfrenta el dilema de evitar una dispersión electoral sin precedentes. “Fuimos con Juntos por el Cambio en Salta y salimos abajo a la izquierda”, graficó con crudeza Cristian Ritondo, al aludir a los pobres desempeños recientes. La orden de Macri fue clara: “Hagan la mejor mala elección que puedan, pero con dignidad”. Opinión pública: La decisión de Macri de extender las intervenciones refleja no solo una necesidad de supervivencia partidaria, sino también una lectura del escenario político donde el orden interno vale más que el consenso democrático. En un país donde las estructuras tradicionales están en crisis, la estrategia del expresidente puede resultar efectiva, pero corre el riesgo de profundizar la desafección de sus bases. Para más análisis y noticias exclusivas, visitá www.tapadeldia.com.