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Megaestafa en Córdoba: apuntan a una mujer clave por el desvío de fondos al exterior

La Justicia investiga el rol de una joven vinculada a Ariel Márquez, señalada por manejar cuentas y girar dinero al extranjero. Hay propiedades detectadas en Miami y el Caribe, mientras miles de víctimas reclaman por viviendas que nunca se construyeron.

  • 20/07/2025 • 09:22

La causa por la millonaria estafa inmobiliaria que involucra a la firma Márquez y Asociados sigue revelando nuevos detalles que profundizan la complejidad de la maniobra. Según fuentes judiciales, una mujer de 31 años es ahora el centro de la investigación por su posible rol como operadora financiera en el exterior.

El expediente, a cargo del fiscal Enrique Gavier, acumula más de 4.000 denuncias formales y se estima que hay cerca de 30 mil contratos firmados con la promesa de entregar “casas llave en mano”. Sin embargo, solo unas 2.500 viviendas fueron finalizadas. El resto de los damnificados reclama haber entregado hasta un 75% del valor de sus propiedades sin ver avances concretos en las obras.

La empresa Márquez y Asociados, también registrada bajo la razón social MRQZPABAR DESARROLLOS S.A., era comandada por los hermanos Ariel y Pablo Márquez, junto a otros integrantes de la familia y socios cercanos. El negocio operaba desde un local en la zona norte de la ciudad de Córdoba, pero rápidamente se expandió con nuevas sociedades vinculadas a los rubros agrícola, inmobiliario y sanitario.

Los documentos que muestran que Ariel y Juan Pablo Márquez son dueños de una LLC en Miami

Fue en una de estas firmas, Márquez Salud, donde la Justicia detectó la participación de la mujer señalada como figura clave. Los investigadores creen que ella fue la encargada de manejar el circuito paralelo del dinero: organizaba pagos, tenía acceso a cuentas personales y corporativas, y habría coordinado transferencias al exterior.

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La información indica que esa misma persona viajó en reiteradas oportunidades a destinos como Miami y el Caribe, donde los Márquez poseen bienes registrados a su nombre o a través de terceros. Entre ellos, figura un hotel boutique llamado The Marlin Beachside, ubicado en Hollywood Beach, Florida, a pocos minutos de Miami Beach. La propiedad está a nombre de los hermanos Márquez y de una tercera persona cuyas iniciales son M.S.

Los abogados de las víctimas también presentaron pruebas que apuntan contra una hija de Ariel Márquez, de apenas 24 años, identificada como M.M., quien estaría casada con un ciudadano norteamericano. Ambos habrían sido parte activa en la creación de al menos cuatro LLC en el Estado de Florida, compañías utilizadas como pantalla para canalizar inversiones desde Argentina hacia Estados Unidos.

La creación de este tipo de sociedades, conocidas por otorgar beneficios impositivos y protección patrimonial, se realizó por montos que, si bien no son altos en términos de inscripción (USD 125), implicaron luego fuertes movimientos de fondos para adquirir propiedades e iniciar emprendimientos en el extranjero.

“La plata vendría de parte de Ariel y ellos servían como pantalla”, indicaron abogados querellantes en la causa, quienes solicitaron que se amplíe la investigación sobre las operaciones financieras realizadas por los Márquez y sus allegados.

Además de los seis detenidos iniciales, el último en ser arrestado fue Matías Acevedo, ex gerente de ventas de la firma. Todos los implicados están imputados por estafas reiteradas, asociación ilícita y lavado de activos.

Para los investigadores, el entramado fue diseñado cuidadosamente para aparentar legalidad mientras se acumulaban fondos provenientes de miles de contratos sin cumplimiento. La escala del daño es tal que desde el Ministerio Público estiman que las maniobras superan los 25.000 millones de pesos.

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Opinión pública: ¿Cómo frenar estas estafas?

La causa revela una falla estructural en los controles del sector inmobiliario. Mientras no existan mecanismos eficientes de fiscalización, ni registros unificados de obras en curso, las víctimas seguirán siendo ciudadanos de buena fe que apuestan por la casa propia. El caso Márquez expone la urgencia de repensar el marco normativo para evitar que nuevas “constructoras fantasmas” reproduzcan este mismo esquema en otras provincias.

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