TAPA DEL DÍA – www.tapadeldia.com La política migratoria de Donald Trump ingresó en una nueva etapa de endurecimiento. En apenas seis meses de gestión, su administración deportó a 239.000 personas, según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La cifra, aunque elevada, está muy por debajo del millón anual prometido durante la campaña y genera tensión dentro del equipo presidencial, que ahora busca acelerar el ritmo de expulsiones. El último informe, confirmado por el portal conservador The Daily Signal y citado por The Washington Post, revela que más de 273.000 personas fueron detenidas y unas 239.000 deportadas entre el 20 de enero y el 20 de junio. Es un promedio de 47.000 deportaciones mensuales, superior al récord registrado durante el gobierno de Barack Obama en 2013, cuando se alcanzaron 36.000 por mes. El foco no está únicamente en los inmigrantes sin documentos. En los últimos operativos también se apunta a residentes legales con antecedentes, beneficiarios de programas de protección temporaria y solicitantes de asilo. Incluso hay advertencias hacia personas con ciudadanía naturalizada, una línea que varios juristas califican como inconstitucional. Uno de los casos más resonantes fue el de Chris Landry, un canadiense que vivía legalmente en Estados Unidos desde hacía cuatro décadas. A pesar de tener cinco hijos nacidos en suelo estadounidense, se le negó el reingreso al país luego de una visita a Canadá, por antecedentes de posesión de marihuana y manejo con licencia suspendida en 2004 y 2007. Su caso representa a miles que podrían ser expulsados por faltas cometidas hace décadas. Una cifra que genera temor: 13,5 millones en riesgo De acuerdo con estimaciones de organizaciones de derechos migratorios como la American Friends Service Committee Experience (AFSCE), hay más de 13,5 millones de personas en la mira del gobierno. La lista incluye: 11 millones de indocumentados, de los cuales un millón trabaja en el sector agrícola. 1,5 millones con Estatus de Protección Temporal (TPS), especialmente de Venezuela y Haití. 1 millón de solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes de Cuba y Venezuela. Residentes legales con Green Card que tienen antecedentes penales, incluso menores. Ciudadanos naturalizados bajo amenaza legal, en una movida sin precedentes. Niños nacidos en EE.UU. de padres sin papeles, cuya ciudadanía está en discusión judicial. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se intensificaron en ciudades clave. Se realizan en fábricas, supermercados, obras en construcción y campos de cultivo. Según el ICE, el 40% de los detenidos tenía condenas y un 32% causas pendientes, aunque no se aclaró si se trataba de delitos graves o menores. TAPA DEL DÍA: una ofensiva que genera alarma El presidente Trump solicitó a su equipo que alcance la meta de 3.000 arrestos diarios, lo que equivale a unas 90.000 detenciones mensuales. Su principal asesor en inmigración, Stephen Miller, es quien coordina la estrategia, con pedidos directos al ICE para aumentar la presión sobre las comunidades migrantes. “La gran mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales”, señaló Pedro Ríos, director del programa fronterizo de la AFSCE en San Diego. También denunció que el gobierno “no ha sido transparente” con los datos y alertó sobre el impacto económico que tendría una deportación masiva en sectores claves como el agro, la construcción y los servicios. En paralelo, Trump no descartó medidas legales para revisar la ciudadanía de personas naturalizadas. En su momento, ya amenazó con retirar la ciudadanía a su antiguo aliado y ahora crítico, Elon Musk, nacido en Sudáfrica. Para los especialistas, se trata de un paso que desafía los límites legales y constitucionales. Una estrategia que redefine los límites del sistema migratorio Lo que está en marcha en Estados Unidos es mucho más que una política migratoria restrictiva. Es un cambio de paradigma sobre quién puede formar parte del país. Y eso, según diversos analistas, representa un giro institucional de consecuencias profundas y duraderas. “Este es un momento en el que se está decidiendo quién puede pertenecer a Estados Unidos y quién no, con base en su raza o etnia”, advirtió Ríos. Para millones de personas, el miedo se volvió cotidiano. Tienen temor de salir a la calle, de presentarse a sus trabajos, e incluso de asistir a audiencias judiciales, donde podrían ser arrestadas a la salida. www.tapadeldia.com Opinión pública: La ofensiva migratoria de Trump, más que una política de control, es vista por sectores críticos como una estrategia de disciplinamiento social. No sólo afecta a quienes residen de manera irregular, sino que también pone bajo sospecha a quienes ya habían sido aceptados legalmente por el sistema. En un país forjado por inmigrantes, este tipo de enfoques podría redefinir su identidad nacional a futuro. TAPA DEL DÍA – www.tapadeldia.com