TAPA DEL DÍA  En una jugada política de alto voltaje, el presidente Javier Milei se dispone a vetar la ley de aumento a jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, iniciativas sancionadas por el Congreso hace apenas unas semanas. La decisión se formalizaría la próxima semana, cuando se agote el plazo legal para ejercer el veto presidencial. Mientras tanto, desde la Casa Rosada se activaron negociaciones paralelas con gobernadores para contener las posibles repercusiones políticas y legislativas. “Tenemos el pedido del Presidente para que ningún veto sea volteado”, reconoció una fuente del oficialismo. En ese contexto, se estudia un nuevo esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que suelen usarse de forma discrecional para atender emergencias provinciales, aunque su administración históricamente ha estado bajo la lupa por su uso político. En reuniones mantenidas entre Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, se exploran mecanismos para repartir esos recursos de manera que algunos mandatarios provinciales puedan tener “algo para mostrar” ante sus electorados, a cambio de sostener los vetos en el Congreso. “Lo que importa es el gesto político”, sintetizó un funcionario con acceso al despacho presidencial. El Gobierno considera que el paquete de leyes pone en jaque la meta de déficit cero. Sin embargo, los gobernadores no se muestran convencidos con las alternativas que evalúa la Nación. “Son chirolas lo que pueden darnos”, dijo un allegado a uno de los mandatarios provinciales, subestimando el alcance de las posibles compensaciones fiscales. Desde el Ejecutivo reconocen que el camino no es sencillo. Cualquier cambio requiere una ingeniería legal y fiscal delicada. Los ATN no están regidos por la Ley de Coparticipación, pero sí se nutren de fondos coparticipables. La iniciativa de algunos legisladores de coparticipar automáticamente los ATN es una amenaza real para el control que hoy ostenta el Ejecutivo sobre esos recursos. “Existen dilemas desde lo fiscal y lo jurídico; no es fácil implementar una modificación desde el Ejecutivo”, admiten en un sector del Gobierno. Aun así, se baraja avanzar con una medida que permita una distribución proporcional entre provincias o una fórmula que al menos beneficie a las más alineadas con la Casa Rosada. El veto a la moratoria previsional sería el más viable de sostener, ya que contó con una mayor cantidad de votos en contra durante su tratamiento. No sucede lo mismo con las otras dos leyes, lo que obliga al oficialismo a tejer acuerdos con gobernadores y bloques legislativos. Según estimaciones internas, La Libertad Avanza proyecta entre 72 y 86 votos a favor del veto, un número insuficiente si no suma aliados estratégicos. En este marco, Milei habilitó a los principales operadores políticos del oficialismo —el presidente de Diputados Martín Menem, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo— a intensificar los contactos con referentes provinciales. El objetivo es blindar los vetos y evitar que el Congreso imponga sus decisiones. La frase más contundente surgió del propio Presidente: “Creo que van a tener que acompañarme con este veto, porque los argentinos de bien los están mirando”. El mensaje no deja lugar a dudas: el Gobierno no solo juega con las reglas del Congreso, sino también con las del relato público. TAPA DEL DÍA | www.tapadeldia.com