TAPA DEL DÍA En un contexto de alta tensión entre el gobierno de Donald Trump y las principales universidades estadounidenses, Harvard se encuentra evaluando un acuerdo que podría implicar un desembolso cercano a los 500 millones de dólares. Esta cifra, revelada por fuentes cercanas a las negociaciones y publicada por The New York Times, supera en más del doble el monto que Columbia University aceptó la semana pasada para resolver denuncias federales sobre antisemitismo, las cuales ascendieron a 200 millones. La negociación entre Harvard y la administración Trump trasciende lo económico y se enmarca en un conflicto judicial más amplio que comenzó con la demanda presentada por la universidad en abril contra el intento gubernamental de retirar fondos federales por miles de millones destinados a investigación. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, defendió en esa ocasión la independencia académica y advirtió contra cualquier intromisión que amenace la autonomía universitaria. Uno de los puntos más delicados es la supervisión que la administración podría exigir como condición para el acuerdo. A diferencia de Columbia, que aceptó la implementación de un monitor externo, Harvard mantiene reservas ante esta medida, que podría poner en riesgo la libertad en políticas de admisión, contratación y contenido académico. El portavoz de la Casa Blanca, Harrison W. Fields, reiteró que el gobierno busca erradicar prácticas discriminatorias y garantizar los derechos civiles en los campus, mostrando optimismo sobre un posible acuerdo que refleje los principios de la administración. Observadores externos destacan que el acuerdo con Columbia no implicó reconocimiento de culpabilidad, sino un compromiso práctico para preservar la operatividad de la institución y evitar mayores conflictos legales. Sin embargo, Harvard enfrenta desafíos adicionales dada la magnitud de sus recursos y el impacto que las políticas federales podrían tener en su presupuesto anual, estimado en cerca de 1.000 millones de dólares en riesgos potenciales. La disputa sigue bajo análisis judicial, con la jueza federal Allison D. Burroughs manifestando reservas sobre la estrategia gubernamental que condiciona fondos a denuncias específicas. El desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para conjugar exigencias financieras, legales y políticas en las próximas semanas. TAPA DEL DÍA Opinión pública: Analistas consultados señalan que este posible acuerdo podría marcar un precedente en la relación entre el gobierno federal y las universidades privadas, evidenciando un cambio en el equilibrio entre autonomía académica y control estatal. La magnitud del pago y las condiciones negociadas reflejan la complejidad de mantener la independencia institucional frente a presiones políticas crecientes. TAPA DEL DÍA