En un movimiento sin precedentes en casi cinco décadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de bloquear 4.900 millones de dólares destinados a programas de ayuda exterior aprobados por el Congreso. La decisión constituye un nuevo capítulo en su estrategia de fortalecer el control presidencial sobre instituciones y agencias independientes. La notificación oficial, de 15 páginas, enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, representa un primer intento de lo que se conoce como “rescisión de bolsillo”: una maniobra para recuperar fondos ya asignados al final del año fiscal antes de que el Congreso pueda ejercer su derecho a rechazarlos. El año fiscal 2025 concluye el próximo 30 de septiembre, justo antes del plazo de 45 días que los legisladores tendrían para intervenir. Según explicaron fuentes de la Casa Blanca, los fondos se recortarían del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que ya ha sido objeto de recortes y reorganización bajo la administración Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida en la red social X, asegurando que busca “ahorrar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses” y garantizar que la ayuda exterior se alinee con las prioridades de “Estados Unidos primero”. La maniobra ha provocado críticas inmediatas incluso dentro del Partido Republicano. La senadora Susan Collins, principal referente del Comité de Asignaciones, calificó la acción de “ilegal” y advirtió que constituye una violación de la autoridad del Congreso para aprobar el gasto público. La medida se suma a una serie de acciones de la Casa Blanca para aumentar el control sobre instituciones independientes, incluyendo la Reserva Federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como al despido de altos funcionarios de agencias federales. Estas acciones generan preocupación sobre la independencia institucional y la posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal si el Congreso y la Casa Blanca no logran un acuerdo de financiamiento. Históricamente, la última “rescisión de bolsillo” se había aplicado en 1977 bajo el gobierno de Jimmy Carter, pero con diferencias significativas respecto a los tiempos y alcances legales. La medida de Trump podría abrir una nueva disputa legal sobre los límites del poder presidencial en materia de gasto público. La maniobra, además de reavivar tensiones políticas, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la ayuda internacional estadounidense y la estabilidad del presupuesto federal, temas que podrían tener repercusiones globales. Opinión pública: Analistas consideran que la decisión de Trump refleja un patrón de concentración de poder que desafía los equilibrios institucionales tradicionales y podría tensar aún más la cooperación bipartidista en temas presupuestarios esenciales. TAPA DEL DÍA