TAPA DEL DÍA El Gobierno decidió no aplicar el protocolo antipiquete en la marcha convocada contra el veto al financiamiento universitario que se realizará esta tarde. Según fuentes oficiales, las fuerzas federales no intervendrán para evitar cortes de calles, conscientes de que se trata de una movilización multitudinaria. En el Ministerio de Seguridad indicaron que se instalarán vallados en las inmediaciones del Congreso con el objetivo de evitar cualquier contacto entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El operativo será coordinado por un comando unificado que integra Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeroportuaria, con intervención únicamente en caso de que se intenten derribar las vallas. “Se avanzará siguiendo la misma lógica que en manifestaciones de gran concurrencia. La prioridad es proteger los bienes del Estado”, señalaron desde Nación. El secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, participó hoy de reuniones en las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo, en el marco de la planificación de esta movilización. Además, se coordinó con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo a las 17 en la plaza del Congreso, coincidiendo con la sesión en la Cámara de Diputados donde se discutirá el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica. Desde Balcarce 50 no existen altas expectativas sobre la posibilidad de modificar la postura del Congreso. El Ejecutivo sostiene que la movilización tiene un fuerte carácter político y que, en caso de sancionarse la ley, buscará dilatar la ejecución de los fondos correspondientes. La convocatoria cuenta con el respaldo de la CGT y de distintos sectores del Partido Justicialista, UCR, Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y Frente de Izquierda, entre otros. La Casa Rosada intentó acercar posiciones con anuncios de incrementos en el Presupuesto 2026, elevando las partidas universitarias a $4,8 billones, así como aumentos del 5% en jubilaciones y del 17% en Salud, pero las tensiones persisten. El veto presidencial argumenta que la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo de $1,06 billones para el presupuesto de 2025, cifra ajustada por inflación respecto de 2023. Además, el oficialismo apela al artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley con nuevos gastos especifique los recursos correspondientes. TAPA DEL DÍA considera que esta decisión del Gobierno marca un precedente en la gestión de grandes movilizaciones, priorizando la seguridad y el orden sobre la represión directa, pero dejando abierta la discusión política sobre el financiamiento universitario y el rol del Estado en manifestaciones multitudinarias.
