La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la utilización de facturación sin respaldo y a la salida de fondos cuya trazabilidad no pudo ser acreditada. De acuerdo con la presentación, los equipos técnicos de ARCA detectaron una operatoria reiterada de pagos a proveedores que no cuentan con capacidad operativa demostrable o que, directamente, no pudieron ser localizados en los domicilios fiscales declarados. El monto bajo análisis ronda los 235 millones de pesos, aunque fuentes del caso advierten que la cifra podría incrementarse a medida que avance el relevamiento. La denuncia no constituye una ampliación de expedientes anteriores, sino una presentación nueva, surgida a partir de tareas específicas de fiscalización, cruces de información y análisis sistémico realizados por el organismo recaudador. El eje central del planteo está puesto en al menos 15 sociedades comerciales que habrían emitido facturas a la AFA por supuestos trabajos de obras, mantenimiento, reformas o servicios generales, sin que exista una correlación verificable entre lo facturado y la estructura económica, financiera o laboral de las firmas involucradas. Entre las empresas identificadas figuran ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., HoldembroG S.A., Consultek Consultoría y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Mosili, Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L., Ninapey S.A., Central Hotel S.R.L., Logística Winter S.R.L., Gramez y LPH Event S.A. Uno de los casos más relevantes es el de ID Constructora S.R.L.. Según el relevamiento de la DGI, la empresa no pudo ser localizada en su domicilio fiscal declarado, que se encontraba cerrado y sin actividad visible. Vecinos del lugar indicaron desconocer la existencia de la firma, que además no respondió los requerimientos formales cursados por el organismo. Del análisis surge una marcada discrepancia entre la facturación declarada en 2023, que ascendió a $2.904 millones, y las acreditaciones bancarias registradas en el mismo período, que apenas superaron los $419 mil. Para la AFA, esta empresa facturó entre mayo de 2023 y marzo de 2024 un total de $44,7 millones por tareas vinculadas a mantenimiento y restauración de instalaciones. La DGI consignó que la firma no posee bienes registrables, tiene la CUIT inactiva y no registra personal ni compras acordes al nivel de actividad informado. Un patrón similar se detectó en Meroka S.R.L., cuyo domicilio fiscal también resultó inexistente en la práctica. En 2023 declaró una facturación superior a los $561 millones, mientras que las acreditaciones bancarias informadas fueron de aproximadamente $67 millones. Para la AFA, Meroka facturó $6,8 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. El organismo destacó además que la empresa se encuentra inscripta en múltiples actividades sin relación entre sí y que su estructura declarada se limita a un único socio gerente. En el caso de Maxstore S.A., la investigación detectó incongruencias entre la actividad declarada y su historial fiscal. La empresa no pudo ser ubicada en el domicilio informado, que según el encargado del edificio es utilizado para alquileres temporarios. ARCA también señaló vínculos societarios con otras firmas clasificadas como contribuyentes no confiables. Otro ejemplo incluido en la denuncia es Central Hotel S.R.L., que facturó a la AFA $9,6 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza durante el último tramo de 2023. La empresa no posee bienes registrables ni empleados declarados y su actividad principal declarada es la hotelería, un rubro que no guarda relación directa con los trabajos facturados. Según la DGI, en algunos casos se detectó que instrumentos de pago emitidos por la AFA fueron utilizados para cancelar operaciones ajenas a los servicios declarados, lo que refuerza las inconsistencias observadas. La presentación se inscribe en un contexto de mayor presión institucional sobre la conducción de la AFA, que además enfrenta un proceso administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ), donde fue intimada a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores. Opinión pública: más allá de su desenlace judicial, la investigación vuelve a poner bajo la lupa la necesidad de estándares más estrictos de transparencia y control en entidades que administran recursos de enorme relevancia social. La claridad en el manejo de los fondos no es solo una exigencia legal, sino una condición indispensable para preservar la confianza pública. www.tapadeldia.com
