TAPA DEL DÍA La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) abrió un nuevo frente de tensión política entre la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires. El alejamiento del funcionario, motivado por la decisión del Ministerio de Economía de postergar la aplicación de una nueva fórmula para medir la inflación, generó una reacción inmediata del PRO, que reclamó preservar la credibilidad del organismo estadístico. Desde el espacio que responde al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue la legisladora Laura Alonso quien salió a marcar posición. A través de sus redes sociales, sostuvo que “el fortalecimiento institucional del INDEC es esencial para la confianza pública y privada”, en una advertencia directa al Gobierno nacional sobre el impacto que pueden tener las decisiones técnicas en la percepción económica del país. Alonso recordó además las consecuencias que tuvo la manipulación de estadísticas oficiales en el pasado y subrayó que “el país sufrió infinitas consecuencias negativas, que aún seguimos pagando, durante una etapa oscura”. En ese sentido, expresó su expectativa de que se cuide el proceso de reconstrucción iniciado a partir de 2016, cuando se buscó normalizar el sistema estadístico tras años de cuestionamientos. La salida de Lavagna se produjo en un contexto delicado, atravesado por cambios metodológicos sensibles, tensiones internas vinculadas a la producción de datos sectoriales y una transición técnica que llevaba años de preparación. La postergación de la nueva medición de inflación terminó de precipitar una decisión que dejó expuesta la fragilidad del equilibrio entre técnica y política. El reclamo del PRO no se dio en el vacío. Coincidió con un clima de creciente fricción entre Nación y Ciudad, que se intensificó a partir de un cruce público por el costo de las patentes de autos. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación se difundió un cuadro comparativo que ubicó a la Ciudad de Buenos Aires como el distrito más caro para inscribir un vehículo cero kilómetro, con alícuotas de hasta el 6%. El mensaje oficial defendió el esquema nacional y remarcó que “el costo de las patentes lo define cada jurisdicción”, al tiempo que destacó que la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor elabora valuaciones con “valores reales y transparentes de mercado”. En ese marco, cuestionó a la Ciudad por no adoptar esos criterios, lo que —según Nación— perjudica a los contribuyentes. La respuesta porteña no tardó en llegar. Desde el Gobierno de la Ciudad calificaron la publicación como “falsa” y aseguraron que la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%. El cruce se dio en paralelo al malestar de los vecinos, que comenzaron a recibir boletas con incrementos superiores al 100% respecto del año pasado. Ante los reclamos, el Ejecutivo porteño anunció el envío de un proyecto a la Legislatura para limitar las subas: una vez aprobado, los aumentos no podrán superar el 31,5% de la inflación prevista para 2025. Además, se resolvió prorrogar los vencimientos de la primera cuota del impuesto. En ese escenario de desconfianza cruzada, la salida de Lavagna del INDEC se convirtió en un símbolo que excede lo técnico y vuelve a poner en debate el rol de las estadísticas oficiales como pilar de previsibilidad económica. Opinión pública: cuando la credibilidad de los datos queda bajo sospecha, el problema no es solo metodológico, sino institucional. En una economía que necesita señales claras, cuidar al INDEC no es una consigna partidaria: es una condición básica para recuperar confianza y estabilidad. TAPA DEL DÍA
