TAPA DEL DÍA La discusión por el aumento de las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un nuevo foco de conflicto. En Chacabuco, productores rurales y referentes del sector agropecuario denunciaron incrementos de entre el 70% y el 100% en la tasa vial para 2026, lo que reavivó el debate sobre la presión tributaria y la contraprestación efectiva de los servicios. El reclamo tomó mayor visibilidad tras la difusión de casos concretos. Federico Bert, productor del distrito, aseguró que en su situación particular el monto anual por parcela pasó de $15.424 a $34.638. “El municipio aumentó la tasa vial hasta un 100%, cuando ya había aplicado un 75% el año pasado. A eso se suma la creación de una tasa de salud”, expresó públicamente, al tiempo que cuestionó el estado de los caminos rurales. Las quejas fueron ratificadas por el presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco, Alejandro Sciarretta, quien confirmó los porcentajes de aumento y agregó que la tasa de seguridad también tuvo un ajuste del 15%. “Cualquier incremento en un servicio que se cumple a medias es caro”, sostuvo, al describir un escenario complejo de cara al inicio de la cosecha. Según explicó, el partido cuenta con unos 800 kilómetros de caminos rurales y aún no se logró completar un mantenimiento integral. La falta de infraestructura, advirtió, eleva los costos logísticos, complica el traslado de la producción y afecta la conectividad entre localidades, en un contexto económico ya exigente para el sector. El malestar se profundizó con la incorporación de la denominada “tasa de salud”, un tributo fijo que generó rechazo en distintos espacios políticos. El intendente Darío Golía defendió la medida al señalar que busca fortalecer un sistema sanitario deteriorado y la calificó como “muy accesible”, en comparación con gastos cotidianos. Sin embargo, la explicación no logró disipar las críticas. Concejales de la UCR–PRO y de La Libertad Avanza presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense para frenar los aumentos y, en particular, la aplicación de la tasa de salud de $10.000. Argumentan que las ordenanzas que dieron origen a los nuevos valores fueron aprobadas mediante un procedimiento irregular y, por lo tanto, carecen de validez. Desde la oposición local advirtieron que la creación de nuevos tributos implica “una carga adicional injustificada” para los vecinos y reclamaron mayor transparencia en el uso de los recursos municipales. El debate se da, además, en un marco sensible: informes recientes ubican a Chacabuco entre los distritos con niveles bajos o regulares de cumplimiento en materia de transparencia fiscal. Si bien el municipio no figura entre los partidos con las tasas viales más altas de la provincia, el conflicto expone una problemática que atraviesa a numerosos distritos bonaerenses: la dificultad para equilibrar las cuentas públicas sin profundizar el malestar social ni afectar la actividad productiva. Opinión pública Más allá de los números, el caso Chacabuco vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cuando los aumentos de tasas no se traducen en mejoras visibles, la confianza entre el Estado local y los contribuyentes se erosiona. En contextos de alta sensibilidad económica, la legitimidad de los tributos depende tanto de su monto como de la claridad en su destino. TAPA DEL DÍA
