La muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, desató una fuerte conmoción y abrió múltiples interrogantes en torno a las decisiones judiciales que marcaron su historia reciente. En el centro del debate aparece la figura del juez Pablo José Pérez, quien había ordenado que el menor regresara a vivir con su madre, hoy señalada como principal sospechosa mientras la investigación intenta determinar si se trató de un homicidio. Una decisión judicial bajo la lupa El magistrado, titular del Juzgado de Familia N°4 de esa ciudad chubutense, había intervenido en el conflicto entre los padres de Ángel, quienes mantenían una disputa marcada por denuncias cruzadas por violencia. En ese contexto, resolvió restituir la tenencia del niño a su madre y avanzar con un proceso de revinculación. La medida, que en su momento se enmarcó en los procedimientos habituales del fuero de familia, hoy es objeto de cuestionamientos tras el desenlace fatal. La decisión judicial quedó inevitablemente ligada al caso y reavivó el debate sobre los criterios utilizados en situaciones de alta conflictividad familiar. El perfil del juez Pérez, de 42 años, es un magistrado de perfil bajo dentro del ámbito judicial. Se graduó como abogado en 2011 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y asumió funciones en el fuero de familia en octubre de 2022. Desde entonces, su actividad se centró en tareas vinculadas a procesos de adopción, guardas y resoluciones familiares, sin antecedentes de exposición mediática en casos de alto impacto. Su designación fue resultado de un concurso público avalado por el Consejo de la Magistratura provincial y posteriormente aprobado por la Legislatura. Hasta este episodio, su nombre no había trascendido en la agenda pública. El conflicto familiar y las acusaciones Detrás del caso existe una historia atravesada por denuncias mutuas. El padre del niño sostiene que su hijo fue víctima de un crimen y cuestiona duramente la actuación judicial. Según expresó públicamente, había advertido sobre situaciones de riesgo que, asegura, no fueron atendidas. Por su parte, la madre rechazó las acusaciones y afirmó haber sido víctima de violencia de género durante la relación. En su declaración, defendió su accionar y aseguró que siempre intentó proteger a su hijo. La investigación y las pericias clave El niño falleció tras permanecer internado en terapia intensiva luego de ser trasladado de urgencia al hospital regional. La causa fue caratulada como una muerte dudosa, potencialmente ilícita, y no se descarta ninguna hipótesis. Los primeros resultados de la autopsia revelaron la presencia de traumatismos en la zona craneal. Sin embargo, los investigadores esperan estudios complementarios para determinar si esas lesiones fueron producto de un hecho accidental o intencional. En paralelo, tanto la madre como su pareja permanecen bajo medidas restrictivas mientras avanza la causa. La fiscalía incorporó el expediente del fuero de familia al análisis penal, con el objetivo de reconstruir el contexto previo y evaluar posibles responsabilidades. Un caso que expone fallas estructurales La muerte de Ángel no solo conmociona por su desenlace, sino que también pone en discusión el funcionamiento de los mecanismos de protección en casos de conflicto familiar. La falta de alertas previas en el ámbito penal y las decisiones adoptadas en el fuero de familia configuran un escenario complejo que ahora es materia de revisión. Mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió, el caso se convirtió en un símbolo de las tensiones entre los distintos sistemas que intervienen en la protección de la infancia. La resolución final podría tener implicancias que trasciendan este expediente y abran un debate más amplio sobre los protocolos vigentes.
