Explota el caso D’Onofrio: ahora investigan canchas de fútbol por lavado con contratos de la VTV TAPA DEL DÍA – La causa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público que involucra al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, sumó un nuevo elemento: una cancha de fútbol. El abogado y dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, presentó un escrito ante el juez Álvaro González Charvay solicitando que se investigue un complejo deportivo ubicado en la calle Belgrano al 1200. El predio sería propiedad de Cristian Germán Ojeda, uno de los directivos de la empresa Franutec S.A., adjudicataria de zonas claves del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Franutec fue beneficiada durante la gestión de D’Onofrio con las zonas 5, 9 y 16, que incluyen partidos como Moreno, Ezeiza, Lobos y Mercedes. Según Yofe, a través de esa firma se habrían canalizado coimas a cambio de contratos, y parte de ese dinero se habría blanqueado mediante el alquiler y funcionamiento del predio deportivo, donde además opera una peña de Boca Juniors. Ojeda, además, es dueño de la financiera Token Capital, allanada en enero, y pareja de Natasha Natural Migueles, titular de un showroom llamado “NatSheti”. Ambos tienen un alto perfil en redes sociales, donde exhiben viajes de lujo y autos de alta gama, lo que despertó sospechas de un posible incremento patrimonial injustificado. TAPA DEL DÍA – La Justicia también tiene en la mira una peluquería vinculada a la exconcejal Claudia Pombo, aliada política de D’Onofrio. El local, llamado HairSpray, ya fue objeto de procedimientos judiciales por su posible rol en el circuito de lavado. El negocio paralelo de las fotomultas también bajo investigación El escándalo no se limita a la VTV. Otro expediente investiga el sistema de fotomultas implementado en distintos municipios. En febrero, el juez Juan Manuel Culotta allanó once distritos como La Matanza, Zárate y Roque Pérez, por contratos que habrían beneficiado irregularmente a empresas como Secutrans y Tránsito Seguro, supuestamente apadrinadas por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El funcionario Pablo Sanguinetti declaró que gran parte de lo recaudado por las infracciones iba a parar a la universidad y su fundación, a pesar de que no estaban registradas como proveedoras. Se estima que en 2024 se transfirieron más de $1.900 millones. Paralelamente, el fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi investigan a CECAITRA, una cámara empresarial que, desde enero de 2022, habría realizado fotomultas con cámaras no autorizadas en municipios como Tigre, Brandsen y Campana. La firma niega irregularidades pero ya fue allanada. Este nuevo giro en la causa D’Onofrio podría ser clave para trazar el camino del dinero, y revela cómo presuntos actos de corrupción oficial se habrían disfrazado detrás de negocios cotidianos como canchas, peluquerías o financieras. TAPA DEL DÍA