El Gobierno de Javier Milei enfrenta este miércoles un escenario doblemente desafiante: por un lado, el avance legislativo de proyectos impulsados por la oposición que implican un fuerte gasto público, y por otro, una protesta masiva frente al Congreso con múltiples sectores movilizados en reclamo de mejoras sociales y previsionales. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda buscan tratar un temario que incluye aumentos para jubilados, bonos extraordinarios, fondos a provincias, una prórroga de la moratoria y la declaración de Emergencia en Discapacidad hasta 2027. Desde la Casa Rosada, sin embargo, ya advirtieron que el presidente vetará cualquier medida que comprometa el objetivo del “déficit cero”. La Secretaría de Hacienda, a pedido del titular de Diputados Martín Menem, estimó que el costo fiscal de las propuestas opositoras rondaría el 1,8% del PBI, es decir, unos 12.000 millones de dólares. Con ese argumento, el Ejecutivo se atrinchera en el discurso de que no hay financiamiento posible para esas políticas, aunque algunas voces internas reconocen el atraso de las jubilaciones mínimas, cuyo bono de $70.000 permanece congelado desde diciembre de 2023. En paralelo, el Congreso será epicentro de una nutrida movilización convocada por jubilados, gremios, organizaciones sociales, personal del Hospital Garrahan y el colectivo Ni Una Menos. El Ministerio de Seguridad desplegará un fuerte operativo con vallado, fuerzas federales y aplicación del protocolo antipiquetes para evitar bloqueos y desmanes. El oficialismo teme incidentes, aunque públicamente minimiza la convocatoria. Fuentes del Gobierno consideran que la protesta responde a una estrategia coordinada por sectores opositores para presionar al Ejecutivo. Sin embargo, no dejan de reconocer la confluencia de reclamos legítimos: previsión social, salud pública, género y obra pública paralizada. La sesión legislativa también será clave para otro frente: el control institucional. El Gobierno busca ampliar la Auditoría General de la Nación (AGN) de 7 a 9 miembros y otorgar un lugar a las provincias, en medio de un vacío de cargos críticos. La discusión se da mientras avanza, en paralelo, un nuevo paquete legislativo que incluye reformas en ARCA, la UIF y el régimen penal cambiario. Algunos gobernadores colaboraron con la Rosada firmando el denominado “Plan Colchón”, pero ayer advirtieron sobre el deterioro de sus finanzas, la baja de coparticipación y el freno a las obras públicas. La presión territorial y el malestar en las calles son datos que Milei no puede ignorar. En este clima de tensión política, incertidumbre institucional y malestar social, se desarrolla una jornada que podría marcar un punto de inflexión en el vínculo entre el Congreso, los gobernadores y la Casa Rosada. Redacción de Diario TAPA DEL DÍA | www.tapadeldia.com Opinión pública relevante: Distintas voces en redes sociales y en sectores opositores sostienen que la negativa a debatir y vetar cualquier intento de mejorar las condiciones de vida de los jubilados, sumado a una actitud inflexible frente a demandas sociales, podría consolidar una imagen de aislamiento político del Presidente, afectando su gobernabilidad en el mediano plazo.