El Gobierno nacional tiene listo un decreto que le permitiría intervenir de manera directa en las investigaciones que se desarrollan dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La iniciativa, que ya fue trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y por la Secretaría Legal y Técnica, apunta a reformar el sistema de gobernanza del organismo científico más importante del país. “Lo que queremos es poder definir qué se investiga y qué no para priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman”, aseguraron fuentes de la Casa Rosada, en alusión a ciertas líneas de investigación que el oficialismo considera innecesarias. Sin embargo, no hay precisiones sobre cuándo se publicará el decreto en el Boletín Oficial. La decisión forma parte de un proceso más amplio de reorganización del sistema científico nacional. El Ejecutivo también prepara un decreto para reducir de once a tres los miembros del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), organismo clave en el financiamiento de proyectos científicos. La agencia depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y maneja fondos como el FONCyT, el FONTAR y el FONARSEC. Su presupuesto anual es de $25.000 millones y cuenta con una planta de 165 trabajadores. En paralelo, el Conicet —que hoy está integrado por 26.781 trabajadores entre investigadores, becarios, técnicos y administrativos— mantiene un presupuesto de $580.000 millones. El organismo posee una amplia red de centros de investigación: 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro Multidisciplinario y más de 300 institutos. El directorio del Conicet, que conduce Daniel Salamone, está conformado por ocho miembros y un presidente designado por el Ejecutivo. Los cargos surgen de propuestas de distintas áreas: investigadores, universidades, organizaciones industriales, agrícolas y del sistema científico provincial. Los mandatos duran cuatro años, con renovación parcial cada dos. Si bien el Gobierno había postergado una reforma estructural más profunda —que incluía el cierre o reducción de departamentos—, ahora apunta a limitar el ingreso de nuevos investigadores en áreas como las ciencias sociales y humanidades, y favorecer perfiles técnicos relacionados con sectores estratégicos: energía, minería, salud, y agroindustria. En algunos sectores del oficialismo afirman que el decreto ya cuenta con el aval del presidente Javier Milei, mientras que otras fuentes advierten que aún podría demorarse su publicación debido a tensiones internas sobre la magnitud del cambio. Desde la comunidad científica, todavía no hubo un pronunciamiento oficial, aunque se espera una fuerte reacción si se concreta el recorte a las disciplinas sociales, consideradas clave para la comprensión crítica de los procesos sociales y políticos del país. Para la redacción de TAPA DEL DÍA, se trata de una decisión que podría marcar un antes y un después en el sistema científico argentino. Si el Ejecutivo logra imponer su criterio sobre las prioridades de investigación, se abriría un debate de fondo sobre la autonomía del conocimiento y la subordinación de la ciencia al poder político. Diario Tapa Del Día