Tras más de un año y medio de investigación, la causa por las maniobras en los seguros contratados por el Estado dio un giro contundente. El juez federal Sebastián Casanello concluyó que existió el pago de coimas en el marco de un esquema organizado para desviar fondos públicos, lo que derivó en el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández y más de treinta personas. El reciente fallo confirmó que parte del dinero se canalizaba a través de cooperativas utilizadas como fachada y dejó al descubierto conversaciones privadas que comprometen al círculo más estrecho del ex mandatario. Una de las piezas clave del expediente es el teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, donde se hallaron mensajes, fotos y registros de entregas de dinero. En esos chats, Cantero coordinaba pagos en efectivo, hacía lobby con funcionarios y organizaba encuentros con empresarios beneficiados con contratos estatales. Entre ellos figura Héctor Martínez Sosa, su pareja y amigo íntimo de Fernández, principal operador de las pólizas de seguros durante el último gobierno. En uno de los intercambios más impactantes, Cantero le escribe al ex intendente de la quinta de Olivos, Daniel “el Gordo” Rodríguez: “Gordo, si no hacemos guita con esto somos unos pelotudos”. Esa frase, que quedó registrada el 6 de septiembre de 2019, poco antes del triunfo electoral del Frente de Todos, fue destacada por el juez como prueba del interés económico detrás de la trama. El mecanismo de desvío incluía cooperativas como “7 de Mayo”, que recibió más de 376 millones de pesos de aseguradoras como San Ignacio y San Cristóbal. De esa cifra, casi 239 millones fueron transferidos en nombre de servicios de catering jamás comprobados. Detrás de esas firmas estaban empresarios que luego pagaban sobornos a ex funcionarios, como Mauro Tanos, ex gerente general de Nación Seguros, promovido durante el actual gobierno y destituido al estallar el escándalo. Tanos utilizó el dinero ilícito para comprar inmuebles, vehículos y costear viajes al exterior. En los registros figura una estadía con su familia en Miami, pagada por el empresario Alfredo Del Corro, señalado como intermediario en las negociaciones. La maniobra se completaba con la entrega directa de fajos de dinero a funcionarios de la Casa Rosada. Hugo Paz, de Casa Militar, y Ariel Palmieri, de la Secretaría General de la Presidencia, fueron citados a indagatoria por haber recibido fondos en mano de Cantero, según consta en los chats hallados. Los investigadores descubrieron también una estructura con participación de figuras políticas de peso. En los mensajes se menciona a Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, y a la ex mandataria provincial Roxana Bertone, quienes habrían facilitado la expansión del negocio de seguros en esa provincia. La Justicia considera que Cantero operaba como nexo entre su pareja, los empresarios y los funcionarios del Estado. No sólo habilitaba contactos sino que también organizaba las contrataciones. “La PYME de Vivi, el Gordito y yo”, le escribía a Martínez Sosa en referencia al emprendimiento paralelo que coordinaban. Cantero incluso se ocupaba de la agenda presidencial con fines de lucro, como revelan sus mensajes a “El Gordo” Rodríguez. En la resolución, Casanello fue contundente: “La vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero excedió una relación de amistad. Hubo obsequios, flujos de dinero y gestiones de favores personales que configuran una red de intereses incompatibles con la función pública”. Fernández, imputado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, intentó ampliar su declaración indagatoria pero el fallo ya estaba definido. En redes sociales, el ex presidente denunció una persecución política “por ser peronista”. La causa, que todavía no está cerrada, promete nuevas derivaciones. El celular de Cantero contenía también intercambios con ministros, secretarios y referentes del entorno presidencial que podrían quedar bajo la lupa judicial en las próximas semanas. Diario TAPA DEL DÍA – www.tapadeldia.com Opinión: Este caso no solo pone en jaque la figura de un ex presidente sino que exhibe con crudeza cómo las estructuras del poder pueden convertirse en plataformas de negocios personales, bajo la cobertura de vínculos históricos y confianza ciega. El grado de impunidad con que se manejaron estos actores deja en evidencia la urgencia de reformar los mecanismos de control sobre los contratos del Estado. La Justicia deberá demostrar que, más allá de los nombres, la rendición de cuentas es una obligación irrenunciable.