TAPA DEL DÍA – En una decisión judicial sin precedentes por su magnitud económica, el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) intimó a Cristina Fernández de Kirchner y a los demás ocho condenados en la causa Vialidad a depositar la suma de $684.990.350.139,86 —equivalente a aproximadamente 537 millones de dólares al tipo de cambio oficial— en el plazo de 10 días hábiles. El vencimiento se producirá en las primeras horas del 13 de agosto próximo. La medida fue adoptada tras recibir el informe definitivo del Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema de Justicia, que fijó esa cifra como el monto a ser decomisado por el perjuicio ocasionado al erario público. El juez Jorge Gorini, al frente de la ejecución de sentencia, resolvió además rechazar tanto el informe del perito de parte de Cristina Kirchner como el de los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Intímese a las personas condenadas al pago de la suma mencionada, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación del presente”, establece la resolución. Los jueces Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu subrayaron que el monto se vincula con “un gravísimo hecho de corrupción”, y advirtieron que, en caso de incumplimiento, se avanzará con la ejecución forzosa de los bienes de los condenados. Para ello ya se libró oficio al Banco Nación para abrir una cuenta judicial donde se deberá materializar el pago. Al evaluar los diferentes informes técnicos, el tribunal consideró como válidos los valores establecidos por los peritos de la Corte y también aquellos que, utilizando el índice de inflación del INDEC, llegan a la misma cifra final. En cambio, descartó el cálculo presentado por José Lucas Gaincerain, perito de parte de la expresidenta, que estimó el decomiso en menos de la mitad: $42.494.357.845,17. Con esta decisión, el Tribunal quedó habilitado a avanzar con la recuperación de los fondos producto de la maniobra delictiva por la cual Cristina Kirchner fue condenada, pena ya confirmada por la Corte Suprema. Clarín accedió a la resolución completa que además autoriza el aumento de los montos embargados sobre bienes inmuebles y ratifica la vigencia de los embargos sobre bienes muebles previamente cautelados. Para los primeros, se solicitó a los registros correspondientes la actualización de los valores en función del nuevo cálculo del decomiso. Un apartado particular fue dedicado al rol de Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, quien habría intentado ingresar documentación a la cárcel de Río Gallegos donde se encuentra detenido el empresario. Según sospecha el Ministerio Público Fiscal, podría tratarse de una maniobra de desapoderamiento fraudulento de bienes. Por tal motivo, el TOF 2 ordenó que toda documentación que ingrese a la unidad penitenciaria sea fotografiada y remitida con urgencia al tribunal, a fin de evitar eventuales intentos de ocultamiento o transferencia de patrimonio en perjuicio del Estado. De no efectuarse el pago dentro del plazo establecido, el Tribunal avanzará con la ejecución de bienes hasta cubrir la totalidad del decomiso fijado. En el caso de los inmuebles, la medida ya está en marcha. El decomiso es solidario, por lo que cada uno de los condenados deberá responder en igual medida por la suma total. El fallo ratifica la firmeza con la que la Justicia avanza en una de las causas más emblemáticas de corrupción estatal en democracia, y marca un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita. TAPA DEL DÍA La intimación por más de 500 millones de dólares no solo interpela a los condenados, sino también a la ciudadanía y al sistema político argentino. La eficacia en la ejecución de este fallo podría marcar un precedente clave: que el enriquecimiento ilícito, incluso cuando alcanza las más altas esferas del poder, no quedará impune. TAPA DEL DÍA