TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional avanza con una investigación interna en la Procuración del Tesoro ante la sospecha de filtraciones de información reservada vinculadas al juicio internacional por la expropiación de YPF. En ese marco, se confirmaron más de 60 despidos en el organismo que concentra a los abogados del Estado. Desde la Casa Rosada sostienen que podría haberse producido una “venta de material” a actores vinculados al fondo Burford Capital, que impulsa un multimillonario reclamo contra la Argentina ante la Justicia de Nueva York. La hipótesis principal es que la filtración habría comprometido la estrategia judicial nacional. “Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, aseguraron voceros oficiales, que remarcaron que la Procuración gestiona litigios que pueden implicar miles de millones de dólares para el país. En ese sentido, la pérdida de confidencialidad es considerada una amenaza directa al patrimonio público. La medida más visible hasta ahora fue la desvinculación de más de 60 trabajadores del organismo, formalizada mediante un comunicado y luego publicada en el Boletín Oficial. Según fuentes de la Procuración, los despidos responden a una “reestructuración institucional para eficientizar el funcionamiento” del área y “reducir el gasto público”. Entre los cambios se destacan la reducción de seis a cuatro direcciones nacionales y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Todo esto, bajo la dirección de Santiago Castro Videla, actual segundo procurador del Tesoro, que asumió en febrero tras la salida de Rodolfo Barra. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que no se descarta que algunos de los despidos estén directamente vinculados a las sospechas de filtración de datos internos. Sin embargo, evitaron brindar detalles específicos por tratarse de una investigación en curso. En paralelo, volvió a resonar el nombre de Carlos Zannini, exprocurador durante el gobierno de Alberto Fernández, ya que en las últimas horas se reactivó una causa judicial en su contra por presuntas irregularidades en el proceso de reestatización de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La controversia sobre la filtración se da en un momento clave: el fallo de la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino ceder el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. Aunque la gestión actual logró una suspensión administrativa temporal, el conflicto jurídico sigue abierto y de alta sensibilidad. En este contexto, el Gobierno desmintió tajantemente que existan negociaciones con los fondos litigantes. Mientras tanto, continúa apelando las resoluciones judiciales en un intento por frenar una decisión que podría tener consecuencias millonarias. TAPA DEL DÍA Opinión pública: la posibilidad de que personal del Estado haya negociado información sensible con un fondo buitre plantea interrogantes profundos sobre la seguridad institucional y la ética en la función pública. En un país con antecedentes de litigios complejos, garantizar la confidencialidad y profesionalismo en estas áreas críticas resulta indispensable para evitar daños irreversibles al interés nacional. TAPA DEL DÍA