TAPA DEL DÍA En Argentina, las estadísticas son tan desgarradoras como alarmantes: de cada 1000 casos de abuso sexual infantil, apenas 100 se denuncian y solo uno llega a una condena. En medio de este panorama, el debate sobre las denuncias falsas irrumpe con fuerza, dividiendo aguas en la Justicia y en la sociedad. El caso de Pablo Ghisoni, un médico que pasó tres años en prisión tras una denuncia de abuso sexual que luego se reveló falsa, volvió a encender una discusión sensible y profunda. Su hijo, Tomás, relató públicamente el dolor y el daño irreversible que causó esa acusación infundada. La Justicia investiga si detrás del caso operó una red de profesionales que fabricarían denuncias en contextos de divorcios conflictivos para influir en los litigios de custodia. Frente a esta situación, dos proyectos legislativos –uno de la senadora Carolina Losada (UCR) y otro de la diputada Lilia Lemoine (LLA)– buscan agravar las penas para quienes formulen denuncias falsas en delitos vinculados con violencia de género, integridad sexual o contra menores. El objetivo declarado: proteger a las verdaderas víctimas y evitar que el sistema judicial se utilice con fines espurios. Sin embargo, diversos especialistas y organizaciones como la Red por la Infancia y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) alertan que estas reformas podrían tener el efecto contrario: desalentar la denuncia. El argumento es claro: si quien denuncia sin pruebas contundentes puede ser penalizado, muchas víctimas –o testigos clave como médicos, psicólogos o docentes– podrían optar por el silencio. “Cuando una persona denuncia, lo hace desde la sospecha. Es la Justicia quien debe investigar y determinar si existió un delito”, sostiene Sebastián Quatrouomo, referente de la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia. Y agrega: “Este proyecto cambia el foco, y pone la carga sobre quien se anima a hablar”. Las cifras del Ministerio Público Fiscal indican que entre dos y tres de cada 100 denuncias por abuso sexual infantil son falsas. Un estudio de la psiquiatra forense Virginia Berlinerblau elevó ese porcentaje al 3,8% tras analizar 120 expedientes judiciales. Pero ese número casi se duplica –alcanza el 6%– en el marco de divorcios conflictivos. No obstante, expertos como Juan Tesone, psiquiatra y docente judicial, destacan que muchos de los casos “no prosperan” no porque sean falsos, sino porque no logran ser probados, debido a las propias características del delito: ocurre en ámbitos privados, con víctimas muy pequeñas y sin testigos directos. “No existe el 100% en ninguna pericia psicológica. La verdad procesal rara vez coincide con la verdad real”, subraya. El fenómeno de las falsas denuncias no es exclusivo de Argentina. En Uruguay y Chile también se debate sobre cómo legislar sin vulnerar derechos. En este último país, el libro “Falsas Denuncias” de Javier Rebolledo abrió un profundo y polémico debate, poniendo en foco lo que denomina una “industria de la denuncia” en medio de disputas familiares. En Argentina, la polémica también tiene un trasfondo ideológico. La psiquiatra Berlinerblau señala que desde fines de los '90 creció a nivel mundial un movimiento llamado “backlash”, que buscó desacreditar las denuncias de abuso infantil, amparado en argumentos como el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una figura sin validación científica, rechazada por la OMS, pero que aún hoy es invocada en tribunales. La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, opinó que el caso Ghisoni exhibe un uso perverso de los discursos de género y llamó a revisar los relatos institucionalizados. En contrapartida, desde la ONG Red por la Infancia, su directora Paula Watcher advirtió: “Si prosperan estos proyectos, muchas personas temerán denunciar. Y en el medio, queda la vida de un niño o una niña”. En efecto, el dilema no es menor: ¿cómo proteger a quienes son falsamente acusados sin desalentar a las verdaderas víctimas? ¿Puede una sospecha llevar a prisión a un inocente? ¿O puede el miedo a ser procesado por mentir silenciar a un niño víctima de abuso? TAPA DEL DÍA Opinión pública que resuena En redes sociales y foros especializados, crece una mirada que reclama equilibrio: “Las falsas denuncias deben ser sancionadas, pero no pueden transformarse en una amenaza para quien quiere proteger a un menor”, escribió un usuario con miles de interacciones en X (ex Twitter). Otro comentario muy difundido sintetiza el sentir de muchos: “Una justicia que no investiga no puede exigir certezas a quien solo tiene miedo y sospechas”. La discusión no se saldará con una ley. Pero urge que la Justicia deje de ser el infierno para unos y la impunidad para otros. TAPA DEL DÍA