TAPA DEL DÍA Una denuncia de 110 páginas presentada este martes ante la jueza federal Jennifer L. Rochon, en el Distrito Sur de Nueva York, sacudió el tablero político argentino. El documento, que amplía la acusación por el presunto fraude multimillonario con la criptomoneda $LIBRA, revela el vínculo del financista estadounidense Hayden Davis con Karina Milei, la hermana y mano derecha del presidente Javier Milei. La presentación judicial, encabezada por los abogados Margaret Hoppin y Max Burwick, reformula el caso bajo la Ley RICO, un estatuto federal de EE.UU. destinado a perseguir organizaciones criminales. La demanda alega que Davis y sus socios desarrollaron una red empresarial "depredadora" para defraudar a inversores a través de un token construido sobre la blockchain de Solana. Entre los elementos más explosivos figura el acceso de Hayden Davis a la Casa Rosada en múltiples ocasiones, autorizado directamente por Karina Milei según el Registro de Audiencias. También se detallan mensajes donde Davis se jactaba de su cercanía con el Presidente, afirmando incluso tener capacidad para influir en sus publicaciones en redes sociales. El documento cita una serie de encuentros claves. Entre ellos, la participación de Davis en el TechForum de octubre de 2024, donde también estuvo Julian Peh, CEO de Kip Protocol y pieza clave en el desarrollo de $LIBRA. La denuncia también menciona un mensaje en el que Davis asegura haber enviado dinero a Karina Milei a cambio de favores políticos y comunicacionales. La acusación señala que el respaldo de Javier Milei fue utilizado como aval político para impulsar la inversión global en el proyecto, cuya capitalización llegó a los 4 mil millones de dólares tras un tuit presidencial. Sin embargo, según los demandantes, el desplome posterior fue parte de un esquema deliberado de extracción de capital, no producto del mercado. Los presuntos responsables mencionados en la causa incluyen a Hayden Davis, su hermano Gideon, Charles Thomas Davis, Meteora y Benjamin Chow, además de la firma Kelsier Ventures. Hasta el momento, no hay funcionarios ni empresarios argentinos formalmente imputados, aunque las referencias a la familia presidencial argentina son directas y documentadas. En paralelo, el diputado nacional cordobés Oscar Agost Carreño advirtió que la inclusión de la Ley RICO deja abierta la puerta a un eventual juicio internacional contra el Estado argentino. “Por primera vez, un tribunal de EE.UU. tiene una causa de crimen organizado donde el Presidente aparece como figura clave. Podría derivar en indemnizaciones millonarias con consecuencias institucionales”, señaló en su cuenta de X. Carreño, quien sigue el expediente tanto en tribunales estadounidenses como en Comodoro Py, no descartó que los inversores busquen responsabilizar directamente a la Argentina más adelante. "No quieren hacerlo hoy, pero sí en un futuro cercano. Esto puede terminar como el juicio por YPF", remarcó. La causa será tratada el próximo 19 de agosto en una audiencia clave donde se determinará el destino de los más de 70 millones de dólares en criptoactivos que permanecen bajo control de Davis. Será un paso decisivo en un caso que ya tiene fuerte impacto diplomático, judicial y financiero. TAPA DEL DÍA