TAPA DEL DÍA - En medio del receso político de invierno y con la mira puesta en octubre, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de reanudar las negociaciones con el kirchnerismo para definir la futura integración de la Corte Suprema de Justicia. Así lo confirmaron fuentes oficiales, que no descartaron un acuerdo de ampliación a nueve miembros tras las elecciones. La propuesta, que volvió a tomar fuerza tras las declaraciones del senador José Mayans, contempla una Corte compuesta por nueve jueces: tres propuestos por el oficialismo, tres por la oposición y tres a consensuar. La idea no sorprendió en la Casa Rosada, ya que responde a un diálogo que comenzó en secreto durante el último año y que solo se interrumpió por la caída de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El punto de inflexión fue la confirmación de la condena judicial contra Cristina Kirchner en junio pasado, hecho que enfrió el acuerdo en marcha. Hasta entonces, el entendimiento incluía no solo la ampliación del máximo tribunal, sino también una batería de nombramientos clave en la justicia nacional y federal, el Defensor del Pueblo —vacante hace 16 años— y la Defensoría General de la Nación. Hoy, la Corte Suprema funciona con solo tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La falta de quórum complica el dictado de fallos, ya que se requiere unanimidad para avanzar en decisiones. En caso contrario, se convoca a conjueces, lo que, según el Gobierno, afecta la estabilidad institucional. La renuncia del juez Juan Carlos Maqueda, en diciembre pasado, y la vacante que dejó Elena Highton en 2021, completan un escenario de urgencias judiciales. Para cubrir esas vacantes, el Poder Ejecutivo tiene en análisis más de 220 pliegos pendientes, mientras que el Consejo de la Magistratura gestiona el resto. En total, hay más de 330 cargos vacantes en la justicia nacional y federal. Las fuentes consultadas señalaron que “hay muchas mujeres entre los nombres propuestos”, aunque por ahora se mantienen en reserva. Tampoco hubo avances sobre el nombre del Procurador General de la Nación, puesto para el cual Mariano Borinsky y Juan Bautista Mahiques fueron considerados, pero rechazados por el kirchnerismo. El nombre del viceministro Sebastián Amerio también fue descartado por falta de interés personal. En paralelo, circulan versiones firmes sobre contactos recientes entre Amerio —hombre de confianza de Santiago Caputo— y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, con el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El objetivo: reactivar el plan de ampliación de la Corte con aval de ambas fuerzas. No obstante, los números del Senado obligan a consensuar. Ni el oficialismo ni el kirchnerismo, en el nuevo escenario legislativo que se avecina, tendrán los dos tercios necesarios para imponer candidatos sin acuerdos. Por eso, más allá del resultado electoral, el diálogo será inevitable si se busca una Corte plena y con funcionamiento regular. “Siempre hay negociaciones”, reconoció Mayans, quien se mostró confiado en retomar las conversaciones en agosto, tras el receso de invierno que paralizó parcialmente la agenda institucional. Desde el entorno presidencial evitaron confirmar la reapertura del diálogo, pero admitieron que las tratativas se podrían reactivar luego de los comicios. La premisa es clara: completar la Corte, resolver las vacantes y alcanzar estabilidad institucional, aunque el camino exija pactar con sectores adversos. Opinión: En un contexto donde la Corte Suprema de Justicia está incompleta desde hace años, la posibilidad de alcanzar un acuerdo político para su ampliación no solo es estratégica, sino también urgente. La fragmentación actual del poder judicial y la parálisis en los nombramientos reflejan una deuda institucional que trasciende las diferencias partidarias. La pregunta es si, tras las elecciones, primará la gobernabilidad por sobre la confrontación. TAPA DEL DÍA