TAPA DEL DÍA – La causa Vialidad profundiza su avance judicial con un exhaustivo mapeo de los bienes inmuebles ligados a los nueve condenados, entre ellos Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en la búsqueda de reparar el millonario perjuicio causado por la corrupción durante la gestión kirchnerista. Un análisis detallado de las propiedades identificadas revela un entramado complejo y cruzado entre las familias Kirchner y Báez, con 228 inmuebles involucrados, de los cuales 26 permanecen congelados en causas paralelas por lavado de dinero. La Corte Suprema fijó una cifra de reparación económica de 684.990.350.139,86 pesos, monto que la Justicia pretende recuperar mediante la ejecución y venta judicial de estos bienes embargados. Cristina Fernández de Kirchner Expresidenta En el centro de la investigación están los inmuebles que incluyen desde terrenos fiscales adquiridos a precios cuestionados hasta hoteles y condominios compartidos por los principales acusados. Entre ellos, sobresale el terreno de nueve hectáreas en Punta Soberana, El Calafate, que Cristina Kirchner y Báez compartieron en condominio tras una permuta realizada en 2008, hoy parcialmente rematado. Según fuentes oficiales, 35 de los 37 inmuebles de Austral Construcciones, la empresa emblemática del empresario Báez, ya fueron subastados en el marco de la quiebra, y solo restan remates puntuales que deberán informar al Tribunal Oral Federal. Entre estos, propiedades emblemáticas como estancias y terrenos en la capital santacruceña forman parte del patrimonio que la Justicia apunta a liquidar para resarcir el daño público. Lázaro Báez Empresario Las relaciones comerciales e inmobiliarias entre las familias no se limitan a terrenos o propiedades rurales. En la causa también figuran hoteles como Los Sauces y Las Dunas, cuya situación judicial y económica atraviesa investigaciones por lavado de dinero y manejo irregular. El listado judicial revela además una serie de operaciones inmobiliarias conjuntas, algunas con pagos en efectivo y otras mediante cheques de bancos provinciales, que fortalecieron la relación patrimonial entre los Kirchner y Báez, incluyendo propiedades en Río Gallegos donde funcionarios y familiares compartieron escrituras y contratos. TAPA DEL DÍA – Entre los otros condenados, el exsecretario de Obras Públicas José López y funcionarios de Vialidad Nacional y Provincial poseen también un conjunto significativo de bienes embargados que podrían sumarse a la recuperación económica que la Justicia busca. Este complejo entramado de propiedades y bienes inmuebles pone en evidencia el desafío judicial y económico que supone resarcir los daños por corrupción: una lucha no solo legal, sino también de gestión patrimonial que deberá dirimir la Justicia para garantizar la reparación efectiva al Estado. La opinión pública sigue de cerca este proceso, con expectativas sobre la transparencia y la eficacia de las medidas judiciales. Expertos en derecho y economía coinciden en que la recuperación efectiva del patrimonio involucrado será clave para fortalecer la confianza institucional y enviar un mensaje contundente contra la impunidad. TAPA DEL DÍA