TAPA DEL DÍA - Por medio del Decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei formalizó el veto total a tres leyes aprobadas recientemente por el Congreso, que contemplaban incrementos para jubilados, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas. Según el Gobierno, la implementación de estas normativas representaba un gasto adicional superior a los 7 billones de pesos para este año y cerca de 17 billones en 2026, sin contar con fuentes claras de financiamiento ni estudios actuariales que avalaran su viabilidad financiera. Esta situación, advirtieron, pone en riesgo el equilibrio fiscal y la estabilidad del sistema previsional nacional. Con la medida presidencial, quedó suspendido el aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y pensiones, además de la suba prevista para el bono previsional, que habría escalado de $70.000 a $110.000 y comenzaría a actualizarse según la inflación. Respecto a la emergencia en discapacidad, impulsada por el diputado Daniel Arroyo, esta contemplaba un refuerzo en las pensiones no contributivas que elevaría el monto al 70% del haber mínimo jubilatorio, con compatibilidad para empleos formales bajo ciertos límites salariales. Esta iniciativa también fue vetada. Con el receso parlamentario concluido, el oficialismo busca ahora consolidar el respaldo necesario para ratificar los vetos en el Congreso. Para ello, requiere una mayoría de dos tercios en al menos una de las cámaras, un escenario que se vislumbra favorable en Diputados, donde la alianza entre La Libertad Avanza y legisladores aliados de gobernadores dialoguistas está en plena negociación. Entre las estrategias para asegurar este apoyo, destacan la incorporación de diputados radicales al bloque oficialista y el fortalecimiento de vínculos con gobernadores provinciales que ya respaldaron vetos previos, en un contexto donde los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos electorales juegan un rol clave. Estas alianzas serán decisivas para sostener el equilibrio fiscal y evitar desajustes presupuestarios de cara a las elecciones de octubre. La Casa Rosada también anticipó posibles acciones judiciales en caso de que el Congreso derrote los vetos, cuestionando la validez de la sesión del Senado donde se sancionaron las leyes. Así, la administración de Milei reafirma su intención de agotar todas las instancias para preservar la estabilidad económica sin resignar control político. TAPA DEL DÍA  Opinión pública La decisión presidencial ha generado opiniones encontradas: sectores que defienden el rigor fiscal frente a la necesidad imperiosa de proteger a los sectores más vulnerables, especialmente jubilados y personas con discapacidad. La pulseada en el Congreso no solo definirá el rumbo económico del país para los próximos meses, sino también el clima político previo a las elecciones, donde la cuestión previsional será un tema sensible para amplios sectores sociales.