La islamofobia se consolida como nuevo eje de tensión en la política española

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Poco más de un mes después de los ataques xenófobos contra la comunidad musulmana en Torre Pacheco, España enfrenta un nuevo foco de conflicto religioso y social. La aprobación de un reglamento municipal en Jumilla, gobernada por PP y Vox, que limita la realización de actos religiosos en el pabellón de deportes, ha sido interpretada como una medida velada contra la comunidad islámica.

Las persecuciones xenófobas de Torre Pacheco son las más graves de las últimas décadasOlmo Blanco/Getty Images

Este tipo de restricciones se enmarca en un contexto de creciente islamofobia en varias localidades españolas, donde la comunidad musulmana enfrenta dificultades para obtener permisos para construir mezquitas o celebrar ceremonias religiosas como el Ramadán. La nueva normativa del Ayuntamiento de Jumilla impide que estos actos se desarrollen en espacios cedidos por el municipio, generando polémica nacional.

El Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, ha otorgado un plazo de un mes a la alcaldesa de Jumilla antes de recurrir judicialmente la medida por considerarla contraria al artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. La Iglesia Católica también se manifestó en defensa de los derechos fundamentales de todas las confesiones, respaldando a la Comisión Islámica de España y condenando la discriminación.

Anuncio de Vox. Fuente: X

La controversia ha desatado fuertes reacciones políticas. Vox cuestionó duramente la postura de la Iglesia, mientras que expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que la islamofobia es el fenómeno discriminatorio que más crece en España, potenciando tensiones sociales y políticas.

Según Luca Gervasoni, director de la ONG Novact, la raíz de este fenómeno combina factores históricos —como la memoria de la Reconquista— con el auge de movimientos ultraderechistas que normalizan discursos xenófobos. "La conflictividad actual no responde a problemas de convivencia, sino al ascenso político de fuerzas que han trasladado la islamofobia al debate público", sostiene.

Los datos oficiales muestran además que la criminalidad de los inmigrantes no supera la proporción de delitos esperada según el aumento poblacional, desmintiendo los argumentos de la ultraderecha que buscan criminalizar a la comunidad musulmana como chivo expiatorio de problemas sociales más amplios.

Con una población extranjera que ya representa un 18% del total en España, los expertos coinciden en que la islamofobia no solo amenaza la integración social, sino que también redefine el panorama político del país, convirtiéndose en un nuevo campo de batalla que enfrenta al Gobierno, a los movimientos ultraconservadores y a la sociedad civil.

Opinión pública: la controversia sobre la normativa en Jumilla ha encendido un debate que trasciende la política local. Ciudadanos, expertos y líderes religiosos coinciden en que la creciente discriminación religiosa puede erosionar la cohesión social, mientras los partidos de ultraderecha buscan capitalizar el descontento de sectores vulnerables.

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