TAPA DEL DÍA Este jueves 11 de septiembre se llevará a cabo una audiencia clave que marcará un nuevo capítulo en la causa Vialidad, en la que se analiza si Cristina Fernández de Kirchner deberá devolver más de 530 millones de dólares correspondientes a fondos públicos destinados a obras nunca finalizadas. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, comenzará a escuchar los argumentos de la defensa de la expresidenta, que cuestiona el índice de actualización utilizado para calcular el decomiso total, fijado por el Tribunal Oral Federal 2 en $685.000 millones. La defensa sostiene que, según sus peritos y utilizando la tasa pasiva promedio del Banco Central, el monto correcto debería ser de apenas $42.000 millones, y plantea que la justicia civil y comercial federal es la competente para intervenir en este tipo de procesos. En la audiencia también estarán presentes los representantes de Lázaro Báez, quien ha cuestionado la actualización del decomiso alegando que ya se encuentra bajo análisis del TOF 4 en la causa conocida como Ruta del Dinero K. El presidente de la Cámara, Mariano Borinsky, confirmó que los recursos de casación de Cristina Kirchner se analizarán de manera conjunta e integral. El 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta contra la expresidenta, lo que dejó firme la obligación de reparar el daño económico al Estado. A partir de esa decisión, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron la identificación de inmuebles vinculados a la expresidenta que podrían ser objeto de decomiso. Entre estas propiedades se incluyen departamentos del complejo Madero Center, unidades en la Ciudad de Buenos Aires y otras 24 propiedades en el sur del país, muchas de las cuales están embargadas en la causa Hotesur - Los Sauces. Los fiscales sostienen que los bienes deben subastarse en la causa Vialidad, que llegó primero a sentencia. Una acordada de la Corte Suprema permite que, si no se avanza con la venta inmediata de los bienes, estos puedan destinarse a convenios con provincias, municipios o entidades de bien público, priorizando programas sociales, educativos o de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. La audiencia del 11 de septiembre será el primer paso para definir el monto a devolver, y tras la exposición de las partes, el Tribunal tendrá cinco días hábiles para resolver sobre los recursos de casación en trámite. Opinión pública: La expectativa es alta, dado que la resolución podría redefinir la magnitud del decomiso y establecer un precedente en materia de restitución de fondos públicos por corrupción de alta jerarquía. TAPA DEL DÍA
